En los principios fundamentales de la Constitución Política, precisa, que, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Y el art. 218 determina: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.,” Y remata para lo que nos interesa, el art. 315 así: Atribuciones del alcalde, “Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.”
Estábamos acostumbrados los colombianos y especialmente los nortesantandereanos, a observar cómo las funerarias son las encargadas de recoger los muertos que se producen en las áreas rurales de nuestra geografía nacional, por cuanto las fuerzas de policía ni militares se atreven a acercarse a esas áreas vedadas para ellos, alegan inseguridad. Que puede decir la ciudadanía en general, si las autoridades instituidas para cuidarlos tienen miedo a circular por determinados sitios, simplemente, que se nos está debilitando ostensiblemente la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas para defender a los colombianos de acuerdo con los preceptos constitucionales.
Pero lo que más me asombró fue una muerte en días pasados en frente de unas urbanizaciones en el anillo vial occidental de Cúcuta que la policía alegando temas de inseguridad les pidieron a los encargados de una funeraria recoger el cadáver, en plena zona urbana, se nos están metiendo en la ciudad, ¡es el colmo! Cómo nuestro territorio, está pasando de ser nuestro, a convertirse en territorio de nadie, bueno, de nadie no, de los malandros de toda clase.
Al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la Nación les vaciaron las competencias, al no poder iniciar una investigación desde la escena del crimen como manda la ley y los dolientes se quedan sin la esperanza elemental de enterarse quienes fueron los victimarios, solo hipótesis muchas veces sin fundamento, para salir del paso.
No hay que echar en saco roto la afirmación del presidente Gustavo Petro sobre las reuniones de grupos de narcotraficantes en la ciudad de Cúcuta, alguna razón tendrá, y no es raro, en nuestra ciudad hay mucho dinero narco circulando.
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