La pieza de sabiduría pambeliana que aparece como título de este artículo se refiere a la preferencia que revela el gobierno a cualquier nivel de optar por las soluciones más difíciles, o de posponer la toma de decisiones hasta que no queda más remedio que escogerlas. Cuando estábamos compitiendo con los actuales propietarios de Avianca para comprar la compañía en representación de una aerolínea extranjera le presentamos al entonces ministro de Hacienda una solución para garantizar las pensiones a cargo del fondo de pensiones de los pilotos con títulos de deuda externa del gobierno colombiano de largo plazo que entonces estaban muy baratos. El ministro se sorprendió con la fórmula y me comentó, medio en chiste y medio en serio, que la solución era “tan buena que seguramente era ilegal”, refiriéndose a que posiblemente existía una norma o alguien que impediría aplicarla, y así fue.
Posiblemente esto explica por qué el gobierno se enredó de la manera como se ha enredado con Electricaribe. Después de haber gastado billones de pesos adicionales el problema sigue sin solucionar, el gobierno colombiano está enfrentado con el de España, un aliado tradicional y habitual, corre el riesgo de pagar una indemnización que vale miles de millones de euros, creó un antecedente que le va a impedir al sector bancario otorgarles crédito a empresas que son proveedoras de servicios públicos esenciales y la región sigue padeciendo un servicio de energía subnormal que genera enormes costos a las empresas y padecimientos a la población, parcialmente culpable del desastre.
Seguramente existía una solución más fácil si se hubiera encontrado la forma de negociar, por ejemplo, entre otras cosas, que la cartera a cargo de entidades públicas le fuera cancelada y que esta recuperación se hubiera invertido en mejoramiento de la red, o algo por el estilo, distinto a la solución que finamente se escogió. Pero eso posiblemente era imposible porque podría haber implicado enormes riesgos jurídicos para los funcionarios involucrados y se prefirió el camino que puede llevar a costos muchísimo mayores. El espectro de DRAGACOL ronda las oficinas públicas con la amenaza de cárcel y pérdida de patrimonio y de su futuro profesional para los funcionarios diligentes que se atreven tomar las decisiones que menos daño causan o las que más convienen, cuando hay una entidad privada que también se beneficia de estas acciones.
Esta es una situación definitivamente indeseable. Se necesita una institución, al estilo de FOGAFIN, posiblemente adscrita al Ministerio de Hacienda, que pueda intervenir legalmente, y negocie soluciones con los propietarios privados de empresas que prestan un servicio público esencial que están en dificultades y que no se puede dejar fallar, sin necesidad de ir a los tribunales ni de poner a la empresa en peligro de extinción para prevenir que un contralor, un procurador o un periodista que no tienen capacidad de entender la dimensión del problema digan que estuvo mal hecho o que se benefició el propietario.
*Un amigo dice que le da pereza salir a marchar con el Centro Democrático el 1º de abril porque qué tal que se encuentre con Garcia Morales, Bula, Joselito Guerra o Jorge Pretelt*
