En febrero de este año se informaba que, según el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, Oxfam, Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica. 

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No es el único informe al respecto. Varios han sido los trabajos de organismos internacionales, universidades y centros académicos extranjeros y colombianos que han reiterado, particularmente en los últimos años, la necesidad de que nuestras entidades públicas tomen conciencia sobre las profundas, graves y crecientes condiciones de desigualdad e injusticia social en que se desenvuelve nuestra población. Los desequilibrios en materia de ingresos, trabajo, salud, seguridad social, vivienda, educación, distribución de la tierra -para mencionar apenas algunos rubros- son ostensibles, y persisten. De cuando en cuando, hay reivindicaciones, pero muy aisladas y, sobre todo, lentas. La pandemia del Covid ha agravado las cosas. Pese a algunas ayudas estatales para sectores de extrema pobreza, han sido inevitables el mayor desempleo y las crisis en empresas medianas y pequeñas. 

El más reciente informe de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) también señalan a Colombia como un país en que, junto con Honduras y Haití, presenta el más alto riesgo de enfrentar una crisis de inseguridad alimentaria aguda. Para la FAO, “es probable que la inseguridad alimentaria se deteriore aún más en Colombia en los próximos meses debido a una combinación de inestabilidad política, desafíos económicos y el impacto continuo de la crisis migratoria regional amplificada por el desplazamiento interno”. 

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Aunque el Gobierno buscó deslegitimar el documento, no por razones de fondo sino por desconocer sus esfuerzos y en cuanto, según expresó, a ese organismo “no le corresponde referirse a la situación de estabilidad política de Colombia y al grado de implementación del Acuerdo de Paz”, lo cierto es que de nada sirve negar las indudables carencias existentes en muchas regiones del país, en donde -créanlo o no las autoridades nacionales- sí se padece hambre; en donde la crisis alimentaria es verdadera; en donde enferman y mueren muchos niños por desnutrición. El problema no cede, y el riesgo anotado corresponde a una realidad. A lo cual se agrega, en el caso de los escolares, la extendida ola de corrupción que ha afectado los programas del PAE, con grave daño a la salud y a la vida de muchos niños.  

Si esto ocurre en materia de alimentos, la situación en cuanto a otras necesidades básicas no es mejor. Sin contar con las dramáticas circunstancias propiciadas por la acción de organizaciones violentas y terroristas en zonas completamente abandonadas por el Estado. 

Sin desconocer las dificultades anotadas, lo que se observa en general es una tendencia de los gobiernos a presentar cifras, resultados y comparaciones, para mostrar progreso, sin políticas realistas y estructuradas, compatibles con los propósitos constitucionales del Estado Social de Derecho.  

Como ha sostenido la jurisprudencia constitucional, ese concepto reside en que la actividad del Estado, dentro de una concepción integral -sobre la base del reconocimiento de la realidad- se oriente de modo efectivo a garantizar a todos los asociados, sin discriminaciones, unas mínimas condiciones de vida digna. 

Luchar contra la desigualdad. He ahí el más importante desafío para el nuevo gobierno.

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