No se conocen muchos casos de un presidente saliente tratando de sembrar, con aparente mala fe, dificultades de última hora al presidente electo porque en Colombia casi todos los primeros mandatarios han sido ciudadanos honorables.
El presidente Duque ha estado adelantando acciones para preparar el nuevo gobierno con el fin de iniciar la recuperación de la confianza ciudadana desde el primer día de su mandato.
En tanto, se observa al saliente, como los malos estudiantes, apresurando la toma de medidas y dejando compromisos y contrataciones furtivas con intenciones nada transparentes. Ha sido el talante de un gobierno gris y vengativo.
Santos deja un país en llamas, sembrado de coca, con un enorme narcotráfico y con pobres resultados económicos; y al gobierno carcomido por la corrupción y saqueado por la mermelada. Deja, también, a medio hacer, los acuerdos con las Farc porque la conducta sospechosa de sus comandantes y la inoperancia del gobierno no sugieren esperar una culminación exitosa, a menos que el nuevo gobierno los enderece.
No obstante, el caso más aberrante es el del ex presidente Álvaro Uribe: La Sala Penal de la Corte Suprema, la que ha tenido entre sus miembros a individuos como Bustos y Ricaurte acusados de delitos muy graves, resolvió llamarlo a indagatoria con la intención preconcebida de encarcelarlo. Es decir, una decisión que tiene las características de un prevaricato.
Pero, lo insólito es que detrás de ello está el gobierno. ¿Cómo?, se preguntarán algunos con cara inocente. Pues, el presidente Santos que tiene las mejores relaciones con las Altas Cortes, en lugar de emplearlas para perseguir el delito y corregir las fallas de la justicia, las empleó para perseguir al uribismo.
En la campaña para su reelección utilizó los servicios de siniestros personajes como los ex fiscales Montealegre y Perdomo para hacer el montaje del hacker Sepúlveda y perjudicar la candidatura de Oscar Iván Zuluaga.
Y, ahora, numerosos ciudadanos –como la ex fiscal Hilda Niño- han denunciado que detrás de la decisión judicial anunciada se ha organizado un complot en el que intervinieron funcionarios inmorales como el propio Bustos, quien dio instrucciones a su recomendado en la JEP, Carlos Villamil para que armara, como fuera, el expediente contra el ex presidente.
El cartel de la toga tiene su origen en el contubernio entre el gobierno e indignos magistrados dispuestos alabarlo públicamente y complacerlo en sus torvas intenciones, que aprovecharon la penumbra de la confabulación para enriquecerse con cobros a ciudadanos procesados con el fin de frenar o archivar sus investigaciones. Estas componendas nunca se hubieran conocido si la justicia de Estados Unidos no hubiera descubierto los delitos del ex fiscal anticorrupción Moreno.
Sin ninguna prudencia o pudor, el señor Santos designa al archienemigo de Uribe, el senador Iván Cepeda, como su delegado personal en las negociaciones con las Farc y el Eln dando a entender que existen entre ellos estrechas relaciones y, tal vez, para que no quede duda de que la trama contra del ex presidente Uribe tiene su aquiescencia.
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