Por Paloma Valencia, senadora de la República.

El Plan Nacional de Desarrollo de Petro será la demolición de las instituciones de Colombia. Con 300 artículos buscarán imponer reformas estructurales a todo el Estado. Al presidente se le darán 13 facultades extraordinarias que incluyen crear, suprimir y modificar cualquier entidad pública de la rama ejecutiva, capitalizar empresas, modificar fondos y patrimonios autónomos, regular la política de usos alternativos de sustancias psicoactivas incluyendo la coca, y hasta reformar y/o acabar los programas de Familias y Jóvenes en Acción. Todas estas decisiones a dedo del presidente; sin necesidad de pasar por el Congreso.

La propiedad privada también estará en riesgo. Se establece que invasores de tierras que vivan durante 3 años en una propiedad, y no encuentren oposición, se les titulará la tierra. Las reservas forestales del país que son del Estado les serán entregadas bajo “concesión” a comunidades campesinas hasta por 30 años e incluso se podrán ampliar los territorios de “propiedad colectiva” para poder entregarlas.

El plan nacional crea nuevas formas de contratación. Crea las asociaciones público-populares, pero no definen que son “asociaciones populares”. ¿Le entregará Petro contratos a dedo a sus afiliados políticos bajo esta modalidad? Ya no van a necesitar la reforma a la salud. El articulado elimina las EPS al establecer el giro directo del Gobierno a Instituciones Prestadoras de Salud del régimen contributivo como subsidiado.

Los programas de vivienda del gobierno Petro como “Mi Casa Ya” podrían llegar a su fin. Se le da al gobierno facultades para modificarlo y hasta devolver subsidios entregados. Hoy el país tiene 20 mil viviendas para escriturar con subsidios de “Mi casa ya”, pero el gobierno no ha pagado los 600 mil millones de pesos que valen ese subsidio. Los constructores ya están llamando a las familias para que paguen la totalidad de la vivienda sin el subsidio prometido.

El Plan Nacional de Desarrollo también obliga a todas las entidades de orden nacional a incorporar las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad creada en el Acuerdo de la Habana con las FARC. Esto equivale a incluir dentro del plan nacional 48 artículos nuevos que son el número de recomendaciones. Este va desde cambiar el modelo de seguridad del país hasta la legalización del narcotráfico.

El plan también incluye en más de 10 artículos una reforma agraria. Se establece de manera explícita que la reforma deberá desarrollar los mandatos del acuerdo con las FARC en la Habana. Otro artículo modifica la estructura de la Policía Nacional y establece el cambio de su ministerio. Sin embargo, no se menciona cuál será la nueva estructura y a qué ministerio podría pasar. Todo este tipo de modificaciones quedan en manos del Gobierno. A dedo.

El Gobierno Nacional también tendrá acceso a un archivo con todos los datos personales de los colombianos, incluyendo sus ingresos anuales, y las entidades no podrán negarse de entregar la información necesaria para construir ese archivo así esté bajo reserva. Se creará el programa “Jóvenes en Paz” del que no se menciona de manera detallada sobre su estructura, pero que por su título se podría determinar que son los 800 mil pesos que Petro afirmó que iban a darles a jóvenes que dejaran bandas criminales.

Se creará un nuevo arancel bajo el nombre de “Arancel inteligente y defensa nacional" para declarar la “Soberanía alimentaria” en Colombia. Se actualizará todo el catastro del país para 2023 mediante una metodología incierta. ¿Buscará expropiar vía impuestos la tierra en Colombia como lo prometió en campaña con ese artículo?

El Plan Nacional también elimina leyes de la república. Se eliminó la priorización de los recursos del ICBF para programas de primaria infancia, la política pública en favor de Cúcuta y Norte de Santander, el modelo de puntuación para la priorización territorial del OCAD paz, y hasta el programa de Transformación Productiva de Bancoldex.