Más allá de los cálculos respecto a la reforma tributaria que va a generar costos de consideración para los colombianos de ingresos vulnerables, la nación tendrá nuevos desafíos y estos deben asumirse para la consolidación de la paz y el desarrollo de la democracia. A la dejación de la lucha armada por parte de las Farc y su conversión en un partido con todos los parámetros de legalidad, lo consecuente es erradicar también las prácticas viciadas de degradación de la política y ese entramado de injusticias, cuyas secuelas son la desigualdad y la acumulación de privilegios en beneficio de minorías abusivas proclives a lo ilícito bajo el disfraz engañoso de ‘conveniencia’ y ‘progreso’.

Uno de los mayores desafíos, tanto del Gobierno como de los sectores representativos de la sociedad civil es el de la lucha contra la corrupción en todas las formas. Es un mal devastador, el cual ha hecho metástasis en la nación. Es el asalto con codicia a los recursos públicos. Es el robo de los presupuestos destinados a la educación, a la salud, a las vías, a la solución de problemas que pesan sobre comunidades atrapadas por diversas necesidades insatisfechas. Es el predominio de estrategias para abriles espacios al narcotráfico, al contrabando, a los llamados carruseles de la contratación, a las bandas criminales dedicadas a la misión de exterminar a quienes asumen la vocería en defensa de los derechos humanos y las corrientes críticas o contestatarias  frente a desatinos  y desvíos en la administración de los bienes de interés público.

Por la corrupción los restaurantes escolares suministran alimentos descompuestos, los servicios de salud funcionan mal, la justicia se tuerce, las universidades son tomadas por politiqueros y manejadas como feudos particulares y las entidades oficiales se reducen a agencias de enriquecimiento ilícito mediante la presión de la desfachatez y el cinismo.

Los partidos se volvieron cómplices de esas malas conductas y los elegidos a las corporaciones públicas replican las maniobras para hacer propicio el asalto de los dineros provenientes de impuestos o de ayudas de la comunidad internacional.

Ahora ya no se trata de reducir la corrupción a sus ´justas proporciones´, como fue en su momento la propuesta de Julio César Turbay Ayala, sino de quitar de raíz ese flagelo que tanto le cuesta a los colombianos y es una de las fuentes de frustración del Estado Social de Derecho. Asumir esa tarea es uno de los desafíos de la nueva Colombia. Es  lo de prioridad si se quiere poner a la nación en el rumbo correcto de la democracia, donde la felicidad no sea una ficción y la vida de las personas esté amparada contra los riesgos y el acecho de violencias cuyo fin es impedir un desarrollo en términos de igualdad.

Puntada

La elección del ingeniero Ivaldo Torres Chávez a la rectoría de la Universidad de Pamplona ojalá no sea la repetición de las frustraciones que han empañado a ese claustro. Si se insiste en la politiquería, con miras a beneficios que no son los de la excelencia académica, los resultados serán los de un continuismo dañino. Pueda ser que el nuevo rector no oficie como un rehén de los caprichos de sus padrinos. El tiempo lo dirá.