Colombia, que en otrora tiempos fue considerada una despensa agrícola para la humanidad, hoy por multiplicidad de factores, tiene en riesgo su seguridad alimentaria. 

Los colombianos andamos embebidos en la campaña presidencial y hay noticias que pasan un tanto inadvertidas, siendo estas de la mayor importancia. Y, hay una, la que encabeza el titular de este escrito, que nos debe llamar encender las alertas en grado sumo. 

En efecto, la Contraloría General de la República, el pasado 5 de mayo del presente año, en un informe sobre el ranking de seguridad alimentaria mundial, elaborado por el Programa Mundial de Alimentos, de la Naciones Unidas, encendió las alarmas sobre la vergonzosa posición de riesgo, “fase 3” o fase superior en la que nos encontramos ubicados en el llamado “Mapa del Hambre”.

Según el diario El Tiempo, tomando las escalas del Mapa en mención, en América, estamos a la par con Haití, “siendo ambos los países de la región con mayores señales de alerta (marcados en rojo)”. Y, a nivel mundial compartimos el deshonroso lugar con países como Sudán, Yemen, Afganistán, Nigeria, República Democrática del Congo, Myanmar, Pakistán, Siria, Bangladesh, Sudán del Sur, Somalia y Etiopía. 

Lo anterior, en Colombia se traduce, además, en que 6,6 millones de personas, el 12% de la población, sufre inseguridad alimentaria aguda, siendo la La Guajira y el sur del país, los lugares con mayor incidencia. Esto es, falta de acceso a alimentos en el corto plazo, que genera desnutrición y pone en riesgo la salud y la vida de quienes la padecen.  Esta cifra, equivale como si países completos como Dinamarca, en Europa; o Paraguay, El Salvador o Nicaragua, en América Latina, estuvieran todas sus poblaciones, padeciéndola. 

La respuesta del presidente Petro, consecuente con su tradicional narrativa, manifestó que en el país disminuyó el hambre durante su mandato y que el riesgo de la seguridad alimentaria obedece a factores climáticos y a los conflictos violentos, como si estos últimos no dependieran de las acciones de Estado que no se tomaron y que por el contrario crecieron exponencialmente durante su gobierno. 

Otros tres elementos que influyeron en el resultado de la medición, fueron los niveles de pobreza, la inflación y la Migración. Aclaró en Informe que la diferencia entre Colombia y los países africanos obedece, en nuestro caso, esencialmente, a la falta de acceso a alimentos por “barreras económicas, por no disponibilidad absoluta de comida”, pese a la declaratoria de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos.

Por su parte, la CGR, habló de situaciones estructurales que ocasionaron que tengamos en riesgo la seguridad alimentaria en el país. Señaló como causas fundamentales la “Falta de Planificación y Trazabilidad: No existen planes específicos ni estudios técnicos detallados que sustenten la delimitación de las áreas. Vulnerabilidades Operativas: Se identificaron riesgos de orden jurídico, fiscal, ambiental y de gobernanza. Falta de Infraestructura y Recursos: Existe una preocupante ausencia de inversión estatal, infraestructura básica y asistencia técnica para los productores, lo que impide una productividad real y la Poca Articulación Territorial: Deficiente coordinación entre la Nación y los municipios para la correcta implementación de las figuras rurales.”

Sobre esto último, no encuentro justificación. El IGAC, como la máxima autoridad en suelos, entre 2012 y 2018, hizo a través de la Subdirección de Agrología y en cumplimiento de lo acordado entre el gobierno Santos y la FARC, diversos estudios de suelos que se entregaron a los 32 departamentos del país en los que se identificaron la calidad y uso de los mismos. 

Queda claro, que luego de la firma del Acuerdo de Paz, llevamos ocho años perdidos por la ausencia de su implementación. A la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –UPRA-, se le entregaron debidamente georeferenciados dichos estudios para que, con base en ellos, se planificara dónde debían adelantarse los cultivos, de qué tipo y la tierra que conformaría el Fondo de Tierras para ser entregadas en desarrollo de la política de Reforma Rural Integral.

Al país se le debe un verdadero Ordenamiento Territorial integral: urbano y rural o temas como el de la Seguridad Alimentaria, seguirá siendo letra muerta como lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo actual, en su artículo 3, dentro de las cinco trasformaciones propuestas “Derecho humano a la alimentación”.

Ya en otra oportunidad un ex presidente propuso la extensión de los cultivos de Palma Africana como la redención para lograr la paz. Esa paz, en virtud de ello nunca se logró, pero sí el enriquecimiento de unos pocos y de ´otros´.  En cambio, sí se ocuparon suelos aptos para cultivos de pan coger que hoy se necesitan para el desarrollo agrícola y la alimentación.

Mientras en Colombia se sigan ideologizando las acciones de gobierno como lo hicieron Duque y Petro, especialmente para el campo y la tierra en general, lo rural seguirá siendo la cenicienta del paseo.
 

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