Definitivamente Colombia es un país difícil de entender, ya que con la Constitución de 1991 se logró el más grande avance de nuestra historia, como fue la innovación de la defensa de los derechos constitucionales fundamentales.

Y precisamente en defensa del más sagrado derecho se habló del derecho a la vida, al tiempo que se tuvo a la salud como derivado de ese importante derecho hasta que se logró instituir el derecho de la salud como derecho fundamental merced a los avances en ese aspecto de la Corte Constitucional.

Hoy se pretende darle casi entierro de segunda categoría a la tutela, el mejor mecanismo del pueblo como defensa de sus derechos y de manera especial el de la salud que tiene íntima relación con el de la vida y la dignidad humana, entre uno de los aspectos, que se plantean para mejorar el país, amparado en la reforma a la justicia como si fuera ésta el fundamento de la corrupción en Colombia, cuando fue ella la última en entrar en esa feria de desatinos y actos vergonzosos de manifiesta corrupción.

Con la simple propuesta de plantear que solo se proponga ante jueces de la especialidad, empieza el recorte a este importantísimo mecanismo constitucional, pues ya no podrá interponerse en cualquier lugar, con el agravante que al no haber jueces especializados en todos los municipios del país, deberá el interesado acudir a las capitales o territorios donde hayan jueces de esa categoría, con lo que se le resta trascendental importancia como acontece hoy que puede interponerse ante cualquier juez. 

El problema no es tanto quien conoce de la tutela, sino por qué el estado ha sido reacio e incapaz de ponerle orden al sistema de salud en Colombia. En efecto, se sabe que las Eps no funcionan, que afectan a las clínicas y hospitales al no cumplir con sus compromisos económicos.

Ese sí es problema de fondo, porqué la nación no garantiza los derechos del pueblo colombiano, ya que a la tutela acuden las personas afectadas con mínima ilustración académica, pero, gran parte de los ciudadanos ignoran como se formula, que puede ser verbalmente, que hay que anexar la historia clínica, en fin, los elementos probatorios para pretender obtener fallo a favor. 

Y el término para proponerla debe ser razonable como lo ha dicho la corte constitucional fijando un promedio de 6 meses pada acudir a ella, salvo excepciones concretas. 

Esa reforma sería rudo golpe contra el ciudadano de a pie, el de alpargatas, el ciudadano raso, lo que va en claro detrimento del espíritu constitucional y de un Estado Social de Derecho. 

Ya es hora que el Gobierno se apersone de este grave problema de la salud y no se le quite el mecanismo más práctico que nos dio la Carta Política del año1991 y que los Congresistas que son nuestros voceros, tomen conciencia de lo trascendental del tema. 

Igual acontece con los derechos de petición, porque los Ministerios y entidades estatales que vulneran permanentemente los derechos de los ciudadanos, no solucionan sus deficiencias por orden estatal, para beneficio de los colombianos 

Las redes sociales sirven para frenar un poco la corrupción, pero el problema de la salud que es tan delicado no recibe comentarios ni se socializa como debe ser primordial en búsqueda de garantías para los conciudadanos. 

Los jueces son los que deben ordenar operar, adoptar medidas para evitar agravar el estado de salud de los pacientes y esta reforma iría en claro detrimento de los beneficios con que cuenta el pueblo colombiano, pero, la apatía es total,  rara persona toca estos temas que son fundamento de la salud del pueblo colombino. 

Aspiro que el mismo pueblo colombiano sea quien genere el rechazo a estos actos tendientes a reducir los beneficios de los ciudadanos colombianos.