Esta semana el debate laboral en Colombia volvió a encenderse con el caso de una conocida tienda de grandes superficies, señalada por prácticas de tercerización laboral que afectan a cientos de trabajadores al margen de la Ley 1429 de 2010 y su decreto reglamentario 2025 de 2011. No es la primera vez que una gran cadena entra en la discusión pública por el uso de figuras de contratación indirecta, y seguramente no será la última. La tercerización, esa palabra que parece inocente y técnica, se ha convertido a mi sentir, en uno de los puntos más sensibles del modelo laboral colombiano: ¿es un mecanismo de eficiencia o un disfraz de la precariedad?

El concepto del trabajador misional, nació como una estrategia de flexibilidad empresarial. En teoría, permite a las compañías concentrarse en su actividad principal, delegando procesos secundarios a contratistas especializados. En la práctica, sin embargo, la línea entre la externalización legítima y el abuso de la figura se ha vuelto difusa. Lo que debería ser una relación comercial entre empresas, en muchos casos se convierte en un mecanismo para burlar responsabilidades laborales, trasladando los costos de la seguridad social y la estabilidad al eslabón más débil: el trabajador y poniendo sobre la mesa una posible responsabilidad solidaria en los empleadores.

El problema no es menor. En un país con más del 55%* de informalidad laboral, la tercerización mal usada erosiona aún más las garantías mínimas. El trabajador deja de sentirse parte de un proyecto organizacional y se convierte en un número más, contratado por horas, semanas o meses, sin posibilidades reales de construir una trayectoria ni un sentido de pertenencia. El discurso de “eficiencia y eficacia” muchas veces encubre la búsqueda de abaratar costos inmediatos a expensas de un capital humano debilitado, repercutiendo directamente en el tejido social que luego se usa como trampolín político de ideas populistas.

El caso de la super-tienda debería servir como espejo. Porque detrás de cada góndola surtida y cada caja de supermercado está la fuerza de trabajo de miles de personas que mantienen en pie la operación diaria. Si esa base se precariza, el modelo se sostiene solo en la superficie, pero se resquebraja en su interior. Lo que parece un ahorro en nómina se convierte en una pérdida de compromiso, calidad y, al final, competitividad.

No se trata de demonizar la tercerización en bloque. Hay sectores donde su uso legítimo genera eficiencia y especialización: la logística, la seguridad, los servicios temporales en picos de demanda y tantas tareas más, pero otra cosa es convertirla en regla general para sustituir empleos permanentes y negar derechos. Allí el dilema ya no es de productividad, sino de ética empresarial.

Colombia necesita un debate honesto y profundo sobre el modelo laboral que quiere construir, se requiere de autocontrol de los empresarios. El Gobierno discute e impone reformas, los gremios defienden su autonomía rechazando las reformas, y los sindicatos exigen garantías a la luz de las reformas. Pero más allá de la arena política, está el interrogante de fondo: ¿qué entendemos por trabajo digno en un país que busca modernizar su economía?

La respuesta no puede quedarse en comunicados de prensa ni en titulares semanales. Requiere revisar estructuras profundas: un sistema de inspección laboral más eficaz, un canal más expedito entre el trabajador y el Ministerio del trabajo, incentivos a la formalización empresarial, esquemas de transición y de evolución para las pymes, y sobre todo, una visión empresarial que entienda que la sostenibilidad no es solo ambiental, sino también laboral.

Porque, al final, la tercerización es un espejo de nuestro modelo de sociedad: ¿estamos construyendo empresas para durar o negocios para el trimestre? La diferencia marcará no solo el destino de las tiendas de cadena, sino el de todo un país que parece atrapado entre la flexibilidad y la precariedad.

*Fuente DANE. Información abril-junio 2025 para el total nacional, en el trimestre abril-junio 2025 la proporción de personas ocupadas informales fue 55,0%, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fue 55,8%.

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