Entre 2024 y 2025, Colombia experimentó un giro político y social determinante: la seguridad y el orden público desplazaron a la economía como la principal preocupación ciudadana. La percepción sobre el deterioro del orden público pasó del 26 % en 2024 al 36 % en 2025, evidenciando un incremento cercano al 10 %. A esto se suma un dato aún más contundente: cerca del 89 % de los colombianos considera que la seguridad está empeorando, lo que refleja una crisis profunda de confianza en la capacidad del estado para ejercer control territorial.
Desde un enfoque político-social, el punto de quiebre se encuentra en la política de la llamada “Paz Total”. Concebida como una estrategia para reducir la violencia mediante el diálogo con estructuras criminales, su resultado ha sido ampliamente cuestionado. En términos concretos, ni un solo grupo político criminal consolidó una negociación efectiva con el estado, lo que evidencia una desconexión entre la intención gubernamental y la realidad del territorio.
Sin embargo, el balance no solo se mide por lo que no ocurrió, sino por lo que sí ocurrió. En la percepción ciudadana, esta política dejó efectos preocupantes: mal uso de recursos públicos, fortalecimiento de organizaciones criminales y debilitamiento institucional. En varias regiones del país, especialmente en Antioquia, Arauca y Norte de Santander, las estructuras ilegales no solo se mantuvieron, sino que incrementaron su capacidad de control territorial en más de un 70 %, consolidando economías ilícitas y presión sobre la población civil.
A esto se suma una percepción crítica sobre la fuerza pública. Diversos sectores consideran que durante este periodo se produjo un debilitamiento cercano al 50 % en su capacidad operativa, en un contexto donde delitos como la extorsión crecieron por encima del 70 %, el secuestro cerca del 45 % y los hurtos, homicidios y masacres mantuvieron una tendencia al alza. Esta combinación no solo agrava la crisis de seguridad, sino que pone en riesgo la soberanía nacional y el orden público.
En el plano internacional, también se ha señalado un distanciamiento en materia de cooperación estratégica con los EE.UU. Para un país con alta complejidad geográfica y presencia de estructuras criminales, la falta de articulación con aliados tradicionales limita las herramientas disponibles para enfrentar el fenómeno, aumentando la percepción de vulnerabilidad institucional.
El debate central entonces es claro: ¿La responsabilidad de esta crisis es de los alcaldes y gobernadores o del Gobierno Nacional? La respuesta exige rigor. Las autoridades territoriales operan con recursos limitados y dependen de la estrategia nacional. La política criminal, la inteligencia y la conducción de la fuerza pública son competencias del nivel central. Por ello, la ausencia de una línea estratégica sólida impacta directamente en la capacidad de respuesta local.
Este contexto redefine el debate electoral. Al revisar las propuestas en materia de seguridad, el contraste entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda resulta evidente. Mientras el primero plantea una estrategia orientada a la recuperación del orden público, el fortalecimiento institucional y el control territorial, el segundo mantiene una narrativa centrada en el “poder de la verdad”, que para muchos ciudadanos aún no se traduce en acciones concretas frente a la crisis.
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