Cada 20 horas en Colombia nos roban un hijo. No es una frase para un titular, es la realidad de un niño que anoche dormía con la luz prendida porque le tiene miedo a la oscuridad y hoy carga un fusil que pesa más que él. Según la ONU, el reclutamiento infantil se cuadruplicó en los últimos cinco años. Un aumento del 300% que no es una "percepción": son casos reales de niños que deberían estar en el colegio y terminaron en el monte.
Este horror no surge en el vacío. El reclutamiento se ha disparado en paralelo con el fortalecimiento territorial y financiero de los grupos armados ilegales. En muchas regiones, el crecimiento de los cultivos de coca y de las economías ilícitas ha ampliado la capacidad de estas estructuras para expandirse. Y cuando los grupos crecen, necesitan más manos: las de los niños son las más vulnerables.
No solo los usan como carne de cañón. Los obligan a raspar coca, transportar droga, vigilar rutas, cobrar extorsiones y vender en esquinas. Los convierten en el eslabón más débil y sacrificable de su cadena criminal.
Mientras el Gobierno nos vende un “diálogo” vacío, lo único que ha hecho es entregarles gabelas en bandeja de plata a los criminales. Resulta indignante que esta administración haya soltado a los máximos responsables de esta tragedia para convertirlos en “gestores de paz”. Esto es un agravio: el Ejecutivo premia al victimario con libertad mientras las víctimas siguen abandonadas en la selva. Bajo el amparo de esa supuesta paz que se queda en cuentos, los grupos armados se han dedicado a expandirse y a ponerle precio a la vida de nuestros niños. Los compran por 500.000 o 2.000.000 de pesos; los están tratando como mercancía.
Las pruebas del fracaso son contundentes. Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revela que estas estructuras ya suman más de 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo. Hoy estos grupos tienen el mismo poder y tamaño que tenían en 2011. Retrocedimos 15 años. La guerra volvió a crecer en hombres y en armas mientras el Gobierno nos habla de diálogo.
Aquí hay que hablar con nombres propios. Iván Cepeda, el gran artífice de esta arquitectura fallida, no puede seguir evadiendo su responsabilidad. No puede seguir sentado en una mesa con el Eln que ha sido un fracaso absoluto, mientras ese mismo grupo sigue arrancando niños de sus casas. Es inaceptable ver cómo les dan beneficios en negociaciones eternas que solo les sirven para fortalecerse y reclutar.
Piense por un momento en su hijo. Imagínelo con un uniforme camuflado, recibiendo órdenes de un comandante asesino, o sufriendo violencia sexual. Imagínelo durmiendo en la selva escuchando ráfagas de fusil en vez de cuentos antes de dormir. Esa es la realidad que la política del presidente Petro está permitiendo.
Lo más triste es que las cifras salen, los informes se publican y aquí no pasa absolutamente nada. El Gobierno envía señales de complicidad y los grupos armados responden llevándose a los niños para completar sus filas.
Cada menor de edad reclutado es una derrota del Estado y el sello del fracaso de una protección que hoy no existe. La infancia de Colombia no puede ser el costo de una estrategia que solo beneficia a los delincuentes. No podemos normalizar que cada 20 horas desaparezca un niño de su hogar. No podemos acostumbrarnos, porque cuando un país acepta que les roben a sus hijos a cambio de mesas de diálogo que no sirven para nada, ese país ya perdió el alma.
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