A pesar de la promesa de que no se presentaría una nueva reforma tributaria durante la actual administración, que hiciera en su momento el entonces ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, recientemente el presidente anunció su interés en discutir una nueva propuesta de esta naturaleza en el Congreso.  

En esta oportunidad el presidente sugiere discutir la posibilidad de reducir la tarifa del impuesto sobre la renta para las empresas y aumentar, aún más de lo que ya la incrementó en la última reforma tributaria que promovió, la tributación de las personas naturales. Una propuesta que, más allá de su conveniencia o no, llama la atención en que coincide desde un punto de vista conceptual con la del entonces exministro Alberto Carrasquilla, que propició un paro nacional.  

Si bien la propuesta de la reducción de la tarifa corporativa del impuesto sobre la renta es deseable, sobre todo porque conjuntamente con el impuesto a los dividendos hacen de Colombia una de las economías menos competitivas en la región, quedan dudas si el apetito voraz por el gasto que tiene el actual Gobierno le permitirá cumplirla. Esta promesa parece solamente una excusa para ambientar la discusión de una tributaria frente a un escenario de baja popularidad y de un margen limitado de maniobra. 

Como dice muy acertadamente el exministro Juan Carlos Echeverry en reciente columna que leí en El País, “resulta contradictorio que quien indujo la recesión con anuncios imprudentes, acciones erráticas y un constante asedio a las empresas, ahora pretenda reducir impuestos a los empresarios, mientras los estigmatiza de manera populista y contraproducente de explotadores y esclavistas”. 

Quizás motivado por la declaratoria de inconstitucionalidad de la restricción para deducir las regalías petroleras y mineras, o por un irresponsable gasto fiscal, o por ambas, el Gobierno ve la necesidad de recaudar más a pesar de que no le va bien en los indicadores de ejecución presupuestal.  

Seguramente lo que veremos en esta nueva propuesta de reforma tributaria, será un incremento en la tarifa del impuesto sobre la renta para las personas naturales, con la correspondiente eliminación o reducción de las deducciones permitidas (como la derivada de los dependientes y los planes de salud) y de la renta exenta laboral. Igualmente, y sólo para cumplir con la promesa del presidente, una reducción diferida de la tarifa del impuesto sobre la renta para las empresas que solamente se empezará a aplicar a partir de 2026, cuando termine la actual administración. 

En este orden de ideas, lo que hará el Gobierno nacional será patear el problema para adelante, de manera que será el siguiente Gobierno el que tenga que decidir si presenta o no una reforma tributaria validando o no la reducción que se promete ahora. En otras palabras, más impuestos, mayor gasto en burocracia, y menos ejecución presupuestal en proyectos de desarrollo social y económico que tanto requiere el país. 

Antes de presentar una nueva reforma, el Gobierno debería enfocarse en la reducción de la evasión y la elusión tributaria, y de controlar el gasto desmedido de sus distintos miembros. 

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