A la acelerada letalidad de la pandemia del coronavirus en Colombia se le sumó el acumulado de problemas crónicos de reconocida gravedad. Y frente a ese conjunto de situaciones el Gobierno no tuvo respuestas de solución coherentes y se conformó aplicando ayudas de un frágil asistencialismo que con ánimo propagandístico mostraba como la gran panacea. Un engaño calculado sin medir sus efectos negativos.

A eso siguió el proyecto de reforma tributaria, hecho a la medida de una avaricia de insolente talante. Pero ese esperpento llevó a la activación de la inconformidad ciudadana y se hizo efectivo el paro, como protesta social ante la complicidad oficial en la agudización de tantos conflictos sociales. Trabajadores de todos los sectores, los estudiantes, los desempleados, las mujeres y, en fin, colombianos animados por la perspectiva de un cambio decidieron expresar su voluntad de buscar otro rumbo.

El paro no fue convocado con ánimo de hostigamiento. Está pensado en términos de solidaridad ciudadana, de convivencia, de paz, a fin de garantizar un examen serio de los problemas del país y de las peticiones que se le hacen al gobierno. Se requiere, claro está, voluntad política de parte del gobierno para explorar las soluciones requeridas.

Pero en vez de comprometerse en ese empeño de las soluciones, el Gobierno se inclina más a propagar una narrativa de odio y de confrontación. Pareciera ser que le resulta más rentable la violencia para infundir miedo.

La narrativa oficial pretende presentar el paro como generador de los problemas que se han agudizado. El desempleo, la iliquidez de las pequeñas empresas y la violencia son leños que ya estaban encendidos antes del paro. Y los bloqueos ponen de presente que falta autoridad que lleve a salidas de entendimiento.

Incentivar la narrativa oficial con culpar de los hechos de violencia a quienes son ajenos a esa situación es una irresponsabilidad que se vuelve tóxica, así como es grave pasar por alto los atropellos de la Fuerza Pública contra los manifestantes.

Si hay actores de violencias que se les identifique y se les someta a la justicia, pero es atentatorio contra la autoridad oficial tratar de encubrir los desvíos de la Policía contra manifestantes en paz.

La crisis en que está Colombia no se soluciona con actitudes ofensivas de funcionarios públicos, los cuales están llamados a obrar despojados de revanchismo y con sujeción a principios democráticos.

Todos los servidores públicos de Colombia están obligados a ajustar sus actos a la Constitución que es de esencia democrática, lo cual les obliga a no asumir conductas autoritarias ni propagar narrativas de odio. 

Puntada

La justificación del senador Rodrigo Lara a su voto de apoyo al ministro de la Defensa en la moción de censura no es convincente. Se le fueron las luces, así él se presente con aire de prócer político. Un transfuguismo de burguesito engreído.

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