Son varios, como vimos, los momentos más importantes de impulso a la reforma agraria en el país: la ley 200 de 1936, de López Pumarejo; la ley 135 de 1961 de Alberto Lleras y vale la pena mencionar la ley 30 de 1988, del presidente Virgilio Barco, ejecutada por el gerente general del INCORA, de la época, Carlos Ossa Escobar, sin duda, dos de los últimos grandes agraristas de nuestro país.

La ley 30, tuvo como propósito reestructurar la propiedad rural con miras a lograr su equidad; dotarla y entregarla a campesinos e indígenas que no la poseían; formuló las llamadas Unidades Agrícolas Familiares –UAF-, unidades de explotación familiar, se promovieron las cooperativas, la asociación para tal fin; la reestructuración de minifundios; el mejoramiento de las viviendas rurales, ejecutadas en asocio con el SENA. Por cierto, la regional INCORA, Norte de Santander, al final de ese período fue reconocida como la de mayor y mejor ejecución del programa de reforma agraria, en el país.

Luego, con solo dos años de vigencia de la ley 30, vino la apertura económica del presidente César Gaviria, que mandó al traste el espíritu de esa ley. Posteriormente, la desastrosa ley sobre Desarrollo Rural, del presidente Álvaro Uribe y la creación del nefasto INCODER. Pero, al igual que prefiero no detenerme en las contrarreformas conservadoras, como la del famoso Pacto de Chicoral, de Misael Pastrana, no lo haré con las recién mencionadas. Vamos directamente a los gobiernos Santos y Petro.

Con la aprobación de la ley 1448 de 2011 o ley de víctimas, como lo menciona Absalón Machado, se coloca la Tierra como origen y elemento central del conflicto reconocida por la clase política dirigente que, consuetudinariamente, lo había negado, por lo que la política de restitución de tierras se convierte en un eje central de la política Santos.

Iniciado el proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC-EP, en La Habana el 21 de junio de 2013, se dio a conocer un primer documento sobre Política de Desarrollo Agrario Integral, a través de seis puntos: acceso y uso de la tierra; programas de desarrollo con enfoque territorial; infraestructura y adecuación de tierras; desarrollo social; estímulo a producción agropecuaria y a la economía solidaria; formalización laboral, sistema de seguridad alimentaria. Todo esto, se subsumió posteriormente en la política de Desarrollo Rural Integral, cuyo propósito fue el de erradicar la pobreza extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en el campo y dio un plazo de 10 años para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, creamos el Catastro Multipropósito, en desarrollo del Acuerdo de Paz, y elevado a política pública mediante CONPES 3859 de 2016, para permitir actualizar el Catastro del país, mejorar las garantías del derecho de propiedad, contribuir al fortalecimiento fiscal, y fortalecer la planeación estratégica y el ordenamiento territorial.

En el gobierno Santos hubo avances en cuanto a lo institucional, además del Acuerdo, se aprobó el Plan Nacional de Reforma Rural Integral, se crearon las agencias, entre otras, la nacional de tierras –ANT-. Se entregaron cerca de un millón de títulos de propiedad formalizada. Pero la entrega de tierras como tal, fue un rotundo fracaso. Algunos cálculos hablan de tan solo cerca de 18.000 hectáreas entre los gobiernos Santos y Duque, versus tres millones planteadas como meta en el Acuerdo.

A nueve meses de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, su balance sobre reforma agraria, es precario. De los tres millones de hectáreas prometidas que serían entregadas, se gestionaron 601.000 hectáreas, 402.000 compradas y el resto recuperadas. La ANT, contra una meta de 1.5 millones de has, solo adquirió, a 2024, un 10%. Se han formalizado un millón doscientas mil has; aproximadamente 11.000 familias han recibido títulos de propiedad.

Y, por la consabida pésima ejecución de los presupuestos de las entidades oficiales, este se redujo de $4.9 billones a $1.5, en 2025, para el propósito aquí comentado.

Larga ha sido la lucha por hacer realidad una reforma agraria en Colombia, más de un siglo.

Sangrienta, la Comisión de la Verdad arrojó que llevamos 450.666 muertos por cuenta del conflicto, mayoritariamente civiles y que un 45,5% de las violaciones de los derechos humanos, han sido víctimas campesinas. Y, la Comisión estima en más de 8 millones de desplazados, por cuenta del conflicto cuyo teatro de operaciones es el campo.

Inconclusa, porque las cifras históricas de los distintos gobiernos para hacer reforma agraria, así lo demuestran. ¿Cuánto más nos falta?

Mientras no logremos concretar una reforma agraria integral, que contenga el desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos, como recientemente ocurrió en el Catatumbo, las ciudades, como ya se está viendo, corren el riesgo de desbordar sus capacidades de atención a los ciudadanos, generándose, entre otros, la inseguridad que ya padecemos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .