Afortunadamente apareció la Gran Consulta. Como lo señalé en repetidas ocasiones, era el único hecho político de peso capaz de irrumpir en la agenda nacional y evitar que el resultado del Pacto Histórico dominara por completo la conversación política del país.
Hay que decirlo con honestidad: el desempeño del oficialismo fue contundente. La maquinaria del Gobierno se enfiló como nunca antes y, financiada con nuestros propios impuestos, logró movilizar una estructura gigantesca. Los números hablan por sí solos: consolidaron una fuerza de 64 congresistas, repartidos en 25 senadores y 39 representantes a la Cámara.
Con esa bancada y la presidencia en su poder, tendrán todo lo necesario para sacar adelante sus reformas, con la complaciente ayuda de la mayoría de los demás partidos, que no son otra cosa que maquinarias burocráticas cuyos miembros se venden al mejor postor. A eso hay que sumarle que se quedarán también con la Corte Constitucional y el Banco de la República. El cuadro completo es el de un poder sin contrapesos reales. Esa es la realidad. Lo sabíamos de antemano y no tiene sentido negarlo.
Pero esta columna no es para lamentarnos ni para quedarnos en la queja. Por el contrario, es para reconocer un hecho político que terminó siendo decisivo: la Gran Consulta cambió el tablero político del país.
Este hecho político volvió a reunir a un amplio sector del país que rechaza la implantación del modelo del socialismo del siglo XXI. El camino de la estatización es un riesgo enorme: una fórmula que ya ha demostrado su fracaso en varios países de América Latina donde, lejos de traer desarrollo, ha terminado debilitando las economías, empobreciendo a la población y deteriorando la calidad de los servicios públicos.
La Gran Consulta logró algo que parecía improbable hace apenas unos meses: devolver fuerza y esperanza a millones de colombianos que creen en un país distinto.
Sin embargo, sería un error caer en triunfalismos. Aunque haya entusiasmo y volvamos a ver una luz al final del túnel, la realidad sigue siendo difícil.
Tenemos enfrente a un presidente que participa en política abiertamente y sin pudor. Un Gobierno que utiliza billones de pesos en campaña. Unos medios públicos que hoy actúan más como amplificadores de una candidatura que como verdaderos medios de todos los ciudadanos.
Y unos grupos al margen de la ley que, por supuesto, tienen todo el interés en que ese proyecto político continúe en el poder.
No podemos engañarnos. Ellos siguen siendo fuertes. El presidente mantiene niveles importantes de aceptación y harán todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder. Tampoco sorprenden los ataques cada vez más burdos contra Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Cuando aparece el miedo político, surgen las campañas de desprestigio, la desinformación y la costumbre de cruzar todas las líneas éticas con tal de aferrarse al mando.
Por eso, el mensaje hoy debe ser de esperanza, pero también de realismo.
Las elecciones no se ganan hablando entre los mismos ni desahogándose desde el sofá de la casa en redes sociales. Las elecciones se ganan en la calle: convenciendo, explicando y sumando apoyos todos los días.
Eso implica que cada uno entienda el papel que tiene que jugar. Hay que hablar con la señora de la tienda, con el compañero de oficina, con el conductor del transporte, con los vecinos, con los amigos y con los familiares. Cada conversación cuenta. Cada persona convencida suma. Las elecciones se ganan persuadiendo, construyendo confianza y convirtiéndonos todos en activistas de una causa en la que creemos.
Vamos a ganar, pero solo si entendemos que esta batalla no la gana un candidato solo.
Cierro esta columna con un agradecimiento sincero a Paloma Valencia, a Juan Daniel Oviedo y a todos los miembros de la coalición de la Gran Consulta. Gracias por haber creído que era posible, por haber abierto una posibilidad real de ganar y por enviar un mensaje que hoy necesita Colombia: que, a pesar de las diferencias, sí es posible construir país cuando el objetivo es el bienestar de todos los colombianos.
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