El pasado 27 de octubre Gustavo Petro dijo en Cúcuta: “Señor ministro de Comercio, esas trochas se cierran porque se cierran”. La frase fue recibida con aplausos en el auditorio y con burlas en los pasos fronterizos, pues decir que se van a cerrar las trochas es tan ingenuo como pensar que durante siete años la frontera entre Colombia y Venezuela estuvo cerrada. Cerrados estuvieron los puentes, no la frontera.

Sin embargo, esa frase hace parte de una denuncia pública que hizo el presidente ese mismo día: “Abrimos el puente, nos dimos la pela, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por las trochas. Porque uniformados y funcionarios, de allá y de acá, están cobrando la comisión”. A pesar de la delicada denuncia, no es una noticia nueva para la gente que vive en ciudades fronterizas.

Cinco días después, en el Palacio de Miraflores de Caracas y ante un público más calmado, Petro insistió en el tema. Allí dijo que la frontera está en manos de las mafias y de las organizaciones multicrimen. Más allá de lo evidente, ¿qué quiere decir el presidente cuando menciona que las mafias dominan la frontera? Andreas Feldmann y Jorge Mantilla han estudiado a profundidad este problema y pueden ayudarnos a responder esa pregunta.

Ellos plantean tres posibles explicaciones de lo que implica la gobernanza criminal: la primera se da cuando actores ilegales suplen las demandas de orden de la comunidad, en un contexto de violencia generalizada y debilidad institucional. Algo parecido a lo que sucede en la zona rural de Cúcuta y Puerto Santander. La segunda se da cuando el Estado es capturado por las mafias en un ciclo en el que todos colaboran y todos se benefician. Por ejemplo, lo que ocurre en los cruces de San Antonio, Ureña, Cúcuta y Villa del Rosario. Y la tercera hace referencia a la gestión de la violencia y el castigo selectivo que ejecutan los grupos en determinadas regiones. Un ejemplo de esto podría ser los homicidios que se cometen en La Parada y sus trochas en un ejercicio de control territorial.

Estas tres explicaciones sobre la gobernanza criminal no son excluyentes, lo cual quiere decir que se pueden presentar las tres al mismo tiempo y en un mismo lugar. Por esto se hace más difícil y necesario su análisis y desmonte. Norte de Santander y Táchira son un ejemplo de ello.

Cuando el presidente Gustavo Petro dice que las trochas se cierran porque se cierran hay que tener en cuenta que hay grupos que gestionan la seguridad y algunas veces la comunidad los legitima para ese ejercicio, que funcionarios estatales de ambos países colaboran y se benefician de las rentas criminales, y que hay lugares de esta región en el que el monopolio de la fuerza lo ejercen los grupos armados ilegales. Nada fácil y nada que se pueda solucionar a partir de una orden presidencial.

Por esto, hoy se habla de reconstruir (no de restablecer) las relaciones entre ambos países. Siete años de deterioro institucional permitieron que se profundizaran los problemas de crimen y violencia en la frontera, y que ganaran terreno los grupos ilegales que ejercen funciones de seguridad, cooperan con autoridades y gestionan la violencia en la región.