En junio de 2015, el Congreso de la República tras 10 meses de intensos debates aprobó una ambiciosa reforma constitucional conocida como Equilibrio de Poderes. En ese proyecto se adoptaron trascendentales decisiones como la eliminación de la reelección presidencial; la supresión del Consejo Superior de la Judicatura; la creación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sin la función de revisar tutelas; el cambio en el procedimiento de elección de contralor General de la República, que quedó a cargo exclusivamente del Congreso por convocatoria de méritos. Entre esas decisiones del Congreso, que impulsamos desde el gobierno con el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, se encontraba la eliminación de la Comisión de Acusaciones y su reemplazo por un Tribunal de Aforados para investigar y acusar ante el Congreso a los magistrados de las altas cortes y el fiscal General de la Nación, que son los funcionarios con fuero especial. Se mantenía la función judicial del legislativo con respecto al presidente y los expresidentes.

Los debates en la época fueron muy duros. Desde algunos sectores de la rama judicial, grupos de parlamentarios y la Fiscalía General de la Nación, se conformó un sólido bloque de oposición a la iniciativa del Tribunal de Aforados, que contó incluso con el silencioso y ladino respaldo de altos funcionarios del Gobierno Nacional, aliados en esa causa con quienes buscaban que no se tocara la Comisión de Acusaciones y preservar intacta la histórica impunidad de ese organismo. Sin duda, el cruce de competencias entre congresistas y magistrados que se investigan recíprocamente es muy dañino e inconveniente para la autonomía e independencia en las funciones de ambos. Incluso, en aquel entonces algunos parlamentarios impulsaron la idea de ampliar la condición de aforados ante el Congreso a funcionarios como el procurador General de la Nación y el defensor del Pueblo. Finalmente, el gobierno logró las mayorías para aprobar la eliminación de la Comisión de Acusaciones y en su reemplazo se creó un Tribunal de Aforados que garantizaría una investigación jurídica, imparcial y objetiva a los aforados constitucionales, por parte de magistrados con altas calidades, y no un proceso político en el que muchas veces los representantes que llevan el caso ni abogados son.

Sin duda, se consiguió un cambio a fondo del sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, se tocaron muchos callos. La presión fue grande en contra de este y otros puntos concretos de la reforma que fueron demandados ante la Corte Constitucional, que finalmente en un discutible y controvertido fallo decidió que con la creación del Tribunal se sustituía la Constitución Nacional. Después vendría el Cartel de la Toga. Por todos estos antecedentes, resulta inverosímil ahora que en su agonizante periodo legislativo, la Comisión Primera de Cámara decida fortalecer la inoperante e inútil Comisión de Acusaciones en lugar de acabarla, al ampliar a todos los jefes de los órganos de control el fuero especial. Esta iniciativa y la de cambiar los requisitos constitucionales para ser fiscal General de la Nación, procurador o registrador, son orangutanes incorporados por representantes a la Cámara que demuestran una vez más su menosprecio por la ciudadanía y confirma que necesitamos no solo cambiar el Congreso en 2022, sino reducir su tamaño y costos.

El silencio del Gobierno ante este adefesio es elocuente. Aprovechándose de un proyecto que busca regresar a la cooptación en la elección de magistrados de las altas cortes, meten a las carreras y de espaldas al país toda clase de micos y orangutanes, sin que el gobierno haga nada para evitarlo. Pareciera entonces que están de acuerdo con este penoso orangután que debe ser hundido cuanto antes.

Hay que estar alertas y prender todas las alarmas, porque en estos 10 meses finales pueden producir aún más daño a la institucionalidad del que ya causaron.

Duque y sus ministros no pueden hacerse los de la vista gorda frente a este nuevo desafío a una ciudadanía indignada. Tienen que responder.