Puede uno estar de acuerdo o no con decisiones judiciales, pero ello no significa por sí mismo un desconocimiento de la institucionalidad que representan los jueces. Precisamente, una manifestación de ella es la existencia de recursos legales para que los afectadospuedan controvertir los fallos.
Pero, en Colombia está ocurriendo algo muy grave que es la falta de confianza en los órganos judiciales porque, en repetidas ocasiones, las providencias de jueces y tribunales surgen con evidente carga de sesgo político y con signos de corrupción.
Éste es uno de los síntomas más peligrosos de la descomposición de una sociedad que puede conducir a consecuencias insospechadas. Si los encargados de impartir justicia se convierten en instrumentos de la política o de la corrupción no se podrá aclimatarla paz.
No se puede olvidar que las peores manifestaciones de la violencia política del siglo veinte se derivaron de una justicia politizada, porque los jueces eran parte del botín burocrático del partido que ganaba las elecciones. Contra las injusticias judiciales se dieron horrendos actos de resentimiento y venganza.
Hay signos alarmantes de la degradación de la justicia por hechos protagonizados por dirigentes famosos, magistrados deshonestos, funcionarios judiciales politizados o particulares inmorales que dan a la sociedad ejemplos vergonzosos.
En mi opinión, uno de los prototipos más ignominiosos de burla a la justicia lo dio el entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, cuando desconoció paladinamente el pronunciamiento de los órganos judicial y de control por sus actos ilegales y de detrimento patrimonial de la Capital del País, utilizando la politiquería para impedir que le aplicaran la ley. Y no hubo juez o tribunalcapaces de sancionarlo.
Los episodios del llamado “cartel de la toga” pueden ser los más bochornosos de la justicia colombiana en toda su historia, puesto que, si han existido siempre jueces indignos, jamás la perversión había alcanzado a los más elevados jueces en tal grado de depravación. Aquí se da la conjunción de la corruptela por ganar dinero con la insidia del gobierno para perseguir a sus opositores. Esta mezcla sigue teniendo manifestaciones tardías, todavía.
A este desolador panorama se agrega lo que ocurrecon la Justicia Especial para la Paz (JEP) que ha sumido al país en una incertidumbre mayor. Quienes estudiamos Derecho hace algunos años, por lo menos es mi caso, ya no podemos dar una opinión siquiera aproximada de lo que puede resultar de la aplicación de la ley porque los principios en los que ella se basaba hoy son completamente acomodaticios.
Asuntos tan elementales como la extradición de los delincuentes pedidos por otros países; la competencia de quienes deben sustanciar los procesos y, en consecuencia, juzgar a los sindicados; los recursos que se pueden interponer a las providencias; los alcances del expediente de la tutela y, en fin, el llamado estado de derecho, todo ello hoy está sobreaguando en un mar de inseguridad jurídica que sólo beneficia a los criminales.Con preocupación, no sabemos qué opinan los magistrados de las Altas Cortes sobre este gran caos que ha invadido al país.
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