La entrevista que le hizo María Isabel Rueda a Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación no deja dudas sobre la necesidad de organizar el estado colombiano para hacer presencia efectiva en todo el territorio nacional, comenzando por protección a la ciudadanía, seguridad y justicia. 

El ministro de Defensa se niega a admitir la ausencia de Estado pero lo observan los que visitan las zonas y sobre todo los habitantes, algunos de los cuales piden que regresen las Farc, que llenaban ese vacío con métodos de mediación y resolución de conflictos que pueden haber sido brutales pero efectivos. 

Por ejemplo, en el caso del hombre que deja a su mujer y a sus hijos y se lleva las vacas. La mujer acude a las Farc y ellos le ordenan al marido vender la mitad de las vacas y darle la plata a la familia. 

Esto me hizo recordar que en Cali se organizaron hace años en los barrios populares Casas de Justicia para resolver ese tipo de conflictos. 

La justicia es el servicio básico que hace falta en los barrios pobres y quizás el más esencial después del agua potable. Gran parte de la violencia del barrio se deriva directamente de la ausencia de mecanismos simples y eficaces de resolución de conflictos administrados por funcionarios del estado bien entrenados, regulados y supervisados por el gobierno. 

Comparto a continuación parte de lo que escribí entonces sobre ellas: 

Un par de jóvenes funcionarios de la Casa de Justicia de Aguablanca en Cali iban a las escuelas a enseñarles a los niños sus derechos y les hacían saber que pueden obtener protección contra formas de abuso o de maltrato de adultos. Después de cada visita, dos o tres niños se presentaban a denunciar a sus padres, o a otros, y en la semana siguiente un número de ellos traía otros chicos o chicas necesitados de ayuda. La fórmula del éxito era proporcionarles hogares alternativos tan pronto como la pedían e iniciar procedimientos contra los adultos involucrados inmediatamente. 

La situación de los niños y demás habitantes que son afectados por la violencia mejoraba radicalmente con la presencia de la Casa de Justicia que operaba bajo los auspicios de los gobiernos municipal y departamental con el fin de simplificar la aplicación de justicia y acercarla a los pobres. Los funcionarios a cargo entendían su papel como mediadores y desarrollaron el concepto de justicia preventiva, con el que intentaban resolver conflictos antes de que llegaran a los tribunales. 

La gente confiaba en el personal de la Casa de Justicia. Llevaban allí sus conflictos para su mediación. Los delincuentes, incluso los más curtidos, aceptan su autoridad. A la Casa de Justicia llegó por ejemplo la noticia de que una jovencita de quince años había sido secuestrada por un vecino muy malo. El juez de paz que recibió la queja se fue con un policía a la casa del sospechoso, los dos muy asustados. Allá exigieron ver a la chica y le dijeron al malo que venían por ella. Él no se opuso y la rescataron al poco tiempo de haber sido secuestrada. 

Una vez se reconozca la ausencia de estado en vastas regiones, este modelo podría ser un primer paso para llevarles justicia, seguridad y estado y ponerle fin a este negligente abandono. (Colprensa)