Lo expresaron los medios locales la semana pasada. El Cementerio Central será una sociedad de economía mixta. Para ello se solicitaron autorizaciones precisas y pro-témpore del Honorable Concejo Municipal de Cúcuta. Desde afuera, debemos recordarles a los actores de la iniciativa, cosas elementales para que no se repitan los errores. Primero, que una vez concedidas, no las dejen vencer y realicen lo autorizado. Segundo, que si se vencen, lo correcto es solicitarlas nuevamente y no incurrir en el manido error de prorrogarlas pues vician de nulidad todo lo actuado.
El municipio de Cúcuta no puede seguir desinstitucionalizándose, pues a la larga la inseguridad jurídica la paga la comunidad. Los errores que siguen sin corregirse algún día comenzaran a pedir rectificaciones, una vez se desencadenen multimillonarias condenas judiciales por los errores pasados.
¿Se imaginan por ejemplo las demandas y condenas judiciales derivadas del manejo del agua y del aseo locales? Creamos una sociedad por acciones como lo ordenaba la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios 142 de 1993, constituida por la escritura pública No. 4260 del 19 de diciembre de 2006.
El alcalde de la época pidió unas autorizaciones para tal efecto y el Honorable Concejo las otorgó con el Acuerdo 009 de 2005 que vencieron el 20 de mayo de 2006. Les cogió la noche como dicen en Gramalote y corrieron la escritura siete meses después. Y esa sociedad creada tarde por lo tanto inexistente, fue la que contrató con Aguas Kapital SA ESP. ¿Comprenden la magnitud del ovillo, si le da por pedir indemnizaciones? Es que ningún contratista de lo público, que le quiten el bocado, queda conforme cuando se le vence un contrato.
Por lo demás, es bueno recordarles a los honorables concejales, para que no incurran en errores pasados, el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional C-1028 de 2022 que las facultades precisas y pro témpore no se pueden prorrogar. Que si lo hacen prevarican.
Y es que los cementerios públicos y los privados tienen su marco legal. La ley 1408 de 2015 se actualizó y modernizó ante la marejada de víctimas de toda índole luego de la aparición del nuevo terrorismo, como la desaparición forzada y sus consecuencias, con el Decreto 303 de 2015.
Este decreto desde el artículo primero sintetiza todo: Artículo primero. El presente decreto tiene como objeto implementar un conjunto de medidas que contribuyan a la localización, identificación, inhumación y homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, así como el brindar apoyo económico y asistencia psicosocial a sus familiares durante el proceso de entrega del cuerpo o restos humanos de la víctima, bajo los principios de dignidad, intimidad personal, igualdad y no discriminación, sin perjuicio de las demás obligaciones de atención y asistencia psicosocial que se le deben brindar a los familiares por su condición de víctimas, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.
Adenda: El convenio desempeño de EIS CÚCUTA SA ESP con el Ministerio de Hacienda que firmó el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, tiene las mismas deficiencias de la escritura de constitución.
