El debate público exigiendo que, en aras del prestigio institucional, Jennifer Arias renunciara a la dignidad de presidenta de la Cámara de Representantes por una falta ética, es una reacción indicativa del interés de algunos parlamentarios por rescatar la ética pública. La misma cuya temperatura ha venido descendiendo de tiempo atrás por esa especie de subcultura de la corrupción que se asentó en el Estado colombiano con la mirada cómplice de varios políticos de profesión incluyendo presidentes.
Y la cuota del presidente Duque en esa complicidad no ha sido menor. Por esto la percepción de su incoherencia aumenta en la misma medida en que habla de la lucha contra la corrupción. ¿A cuántos subalternos les ha llamado la atención, quitado el respaldo o despedido por fallas éticas? Que se le extravíen a Karen Abudinen $70.000 millones mereció fue el irrestricto respaldo presidencial hasta el último momento, al mismo tiempo en que los discursos de la exministra en el congreso subían de tono hasta convertirse en gritos. El ministro de Ciencia, Tito José Crissien, fue nombrado a pesar de que había plagiado, como también lo hizo Jenifer Arias a quien Duque había exaltado frente a los cadetes de la Policía Nacional condecorándola, pese a que ya se conocían indicios de falencias en la ética de la congresista. De ahí que sus discursos autojustificatorios en la Cámara fueran al mejor estilo de la mandamás que se atornilla en el cargo.
En fin, los anteriores son solo algunos ejemplos que evidencian la baja temperatura ética de la función pública que no podemos permitir que siga campeando. Es por esto que muchos entienden la corrupción sólo como el saqueo de los recursos públicos, mientras que si la temperatura ética sube se entenderá claramente que corrupción es “el empleo de las prebendas derivadas del ejercicio del poder público en beneficio individual y privado”. De esta manera el presidente Duque caería en la cuenta de que también es corrupción haber incluido en la comitiva que lo acompañó en su último viaje, a su hermano y a un amigo cercano quienes se sumaron a la excesiva cantidad de funcionarios.
El punto a destacar es que si no se crea un ambiente de temperatura ética elevada en la función pública los avances logrados ampliando la legislación y mejorando la eficacia de la Fiscalía y organismos de control (Procuraduría y Contraloría) para perseguir y sancionar a los corruptos se quedarán cortos y la dignidad y eficiencia del Estado se mantendrá en entredicho.
Se hace necesario pues elevar la temperatura ética de los funcionarios públicos de todos los niveles, empezando por el ejemplo de los más altos, hasta lograr el deber ser de un funcionario público: moralmente íntegro y socialmente recto e intachable. Se trata entonces de generar una cultura de la integridad y la legalidad, cuyo fundamento radica en la consciencia de que la función pública es para servir y no para servirse de ella buscando satisfacer solo propósitos individualistas y privados.
