Como si algo le faltara a la pintoresca política colombiana, el Procurador Carrillo anda promoviendo su candidatura presidencial bajo la apariencia de ocuparse públicamente de los problemas nacionales. Hacer uso de una investidura tan alta para promocionar una aspiración política es lo menos conveniente para un país necesitado de órganos de control imparciales y respetables.
Mucho daño ha hecho a Colombia la justicia de micrófono, según la se divulgan proyectos de providencias, anuncios de sanciones, filtraciones de documentos reservados y acusaciones apresuradas, solamente con el afán de que los titulares de los despachos jurisdiccionales figuren en los medios de comunicación.
Quienes pasamos hace ya bastante tiempo por las facultades de Derecho no vimos, casi nunca, a magistrados, jueces u otros eminentes profesores dando declaraciones a la prensa, adelantando decisiones por tomar o violando la presunción de inocencia de un acusado. Ellos se conocían sólo en el foro por sus sentencias o salvamentos de voto, que en la cátedra se estudiaban como ejemplos jurisprudenciales.
Dado que aquí se legisla a veces para solucionar problemas del momento, con frecuencia se expiden normas que con el tiempo resultan inconvenientes. Esto ocurrió con las amplísimas funciones asignadas a la Procuraduría General de la Nación en la Constitución Política de 1991, que desembocó, por ejemplo, en las continuas controversias que surgieron por la actuación del ex procurador Ordoñez Maldonado en desarrollo de tales funciones.
Con todo, como cualquier funcionario del Ministerio Público, el Procurador General debe pronunciarse por medio de sus providencias, de los conceptos que debe emitir y de la solicitud de los informes que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Lanzar por los medios de comunicación toda clase de amenazas, como lo hace el Procurador Carrillo, anunciar medidas y pronunciarse sobre lo divino y lo humano como cualquier político en campaña, no habla bien del más alto dignatario del Ministerio Público.
El actual Procurador se ha ido convirtiendo, para ganar popularidad, en uno de los promotores de las marchas de protesta contra el Gobierno Nacional, y no oculta el afán de protagonismo en la defensa de causas populares, como si sus atribuciones se pudieran ejercer con discursos grandilocuentes.
Mas, hay algo de fondo: Es probable que el doctor Carrillo esté cayendo en causales de impedimento para conocer de asuntos que pueden llegar más adelante a su conocimiento. Afirmar que hubo inconsistencias en la adjudicación del espacio radioeléctrico por parte del Ministerio de las TIC, o suponer que se van a incumplir las directrices de la Corte Constitucional sobre le aspersión del glifosato puede ser un prejuzgamiento descalificador.
Y asegurar, como lo hacen personas desinformadas, que la llamada reforma pensional es una actuación inconveniente del gobierno, cuando se ha dicha hasta la saciedad que una iniciativa sobre este particular, -así como la modificación del régimen laboral- será llevado para estudio de la mesa de concertación donde tienen asiento los trabajadores, los empresarios y el gobierno, es un acto demagógico y poco serio. ¿Está cayendo el Procurador General en una extralimitación de sus atribuciones?
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