Continuamos reseñando la serie de acontecimientos con visos de escándalos que se vienen presentando actualmente en el país, en un ambiente de polarización entre los diferentes actores de la política nacional y que los medios de comunicación, en algunos casos los magnifican.
Empecemos con el aporte que la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) autorizó para la campaña del señor Gustavo Petro Urrego-hoy presidente de la República- por la suma de 500 millones de pesos y que el Consejo Nacional Electoral, afirma que no fue reportado entre los gastos de campaña. Puede que dentro de los reglamentos de la Federación existan partidas del presupuesto destinadas para tal fin, que al fin y al cabo no constituyan delito, per se, pero si debe ser anti ético, que unos dirigentes apropien dinero exclusivamente para una campaña política, desconociendo que entre los educadores existen diferentes posturas políticas, inclusive apolíticas, generándose un abuso con unos dineros que se debían emplear para mejorar las condiciones en salud, educación y demás servicios para todos los docentes del país. Que ésta práctica venga desde los tiempos en que se creó la Federación, en mi opinión se debe reformar y a los dirigentes de estas federaciones y confederaciones no se les debe dar patente de corso para comprometer a los millares de profesores del país en las luchas partidistas de la Nación.
Muy mal que algunos dirigentes políticos, empresariales, medios de comunicación y mucho menos el propio presidente de la República llame por cualquier motivo a movilizaciones populares para presionar decisiones de las ramas del poder público incluidas la organización electoral y los organismos de control, que se pueden convertir en asonadas con perdidas de vidas y daños materiales incalculables. El llamado a la movilización contra la Corte Suprema por la demora en la elección de la Fiscal de la Nación, que entre otras cosas es muy sospechosa esa demora en cumplir con esa misión encomendada por la Constitución Política art 249, es una intromisión a la independencia con que goza la rama judicial en cabeza de su máximo exponente, la Corte. Estoy de acuerdo con el exmagistrado José Gregorio Hernández que en uno de sus artículos manifestara la perentoria necesidad de incluir dentro del proceso de elección de fiscal, un término perentorio para el cumplimiento del mandato so pena de perder la competencia y que esa competencia, por sustracción de materia, quede en manos del presidente de la República.
Esas manifestaciones, valga la redundancia, populares, por estos llamados de los principales dirigentes del país, dejaron de ser la excepción y están convertidos en la regla, como quiera que son permanentes los bloqueos en la principales carreteras del país exigiendo atención a los ingentes problemas que afronta la Nación, pero el paganini termina siendo el pueblo que sufre las consecuencias de la inmovilización de un lugar a otro y de la escases y carestía de alimentos por la parálisis de sus tracto camiones.
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