Después de recibir una llamada muy motivante del expresidente César Gaviria en la que me propuso conformar una nueva coalición de Congreso para la elección de mesas directivas el 20 julio, me animé a extender esa invitación a los partidos Conservador y de ‘la U’. Qué tranquilidad le hubiéramos transmitido al país si esta idea hubiera prosperado con ellos y con los parlamentarios del Centro Democrático. Qué distinto sería todo si desde este jueves esta nueva coalición hubiera asumido el control de las mesas directivas de ambas cámaras y de todas las comisiones constitucionales.

 Lamentablemente, la iniciativa no prosperó. Pudieron más otros intereses ya bien conocidos, comenzando por el deseo inocultable de estos partidos de regresar a la mesa de negociación con el Gobierno, pero ahora más valorizados. Ya se escuchan los anuncios de cambios en el gabinete y en entidades importantes, que es posible reflejen los nuevos acuerdos.

El Pacto Histórico tratará de imponer su agenda en esta segunda legislatura. Una que viene recargada. Empezando por el muy inconveniente proyecto de reforma de la salud aprobado en primer debate en la Comisión 7.ª de Cámara y que ahora avanzará a la plenaria para luego surtir su trámite en Senado.

El Gobierno se propone, a toda costa, presionar el trámite de sus reformas laboral y pensional, haciendo caso omiso de todas las alertas expresadas en todos los sectores. Y por supuesto volverán a insistir en la presentación del proyecto de humanización y descongestión de cárceles y aquel del sometimiento de estructuras criminales. Poco importa que el objetivo sea soltar a miles de delincuentes, cuando las ciudades viven el peor momento en materia de seguridad. Es bueno recordar que esa nefasta iniciativa limita el accionar de los jueces al prohibir que se valoren la reincidencia y la peligrosidad de los detenidos a la hora de dictar detención intramural.

Esta semana se conoció la alarmante información de que del total de detenidos en el último año, el 85 % fueron puestos en libertad. Supongo que también insistirán en la reforma constitucional que autoriza el uso recreativo de drogas.

 Y como si esto no fuera suficiente, desde ahora anuncian que llevarán la modificación a la ley de servicios públicos que, siguiendo la línea ideológica del Gobierno, buscará promover la estatización en la prestación de los servicios y en la propiedad de las empresas.

 Y como si lo anterior fuera menor, van con el proyecto para modificar la Ley 30 o estatuto general del sistema educativo. Es de suponer, como en el caso de la reforma laboral, que esta iniciativa fue elaborada por Fecode para así terminar de “privatizar” la educación en manos de ese sindicato. Y de sobremesa, un Código minero cuyo anuncio no hizo más que generar las mayores preocupaciones, pues incorpora el principio de precaución como norma general, restringiendo toda actividad en el sector. Con este instrumento las reservas temporales se convertirán en permanentes.

 Todo bien delicado. Habrá que estar muy alerta. Pero se presagia lo peor. En los próximos días veremos en qué termina la ronda de negociaciones con los partidos bisagra y cuáles serán los compromisos adquiridos. Pero no me cansaré de advertir que todas estas maromas pasarán su factura de cobro a las colectividades que así procedan, especialmente en las elecciones regionales de octubre.

 Adenda. Finalmente se eligieron las mesas directivas del Congreso, antesala de los acuerdos partidistas. Los acuerdos celebrados hace un año se cumplieron y, como lo anuncié, no fue posible conformar una nueva coalición. En la Cámara el Gobierno impuso al liberal Andrés Calle, que no era el candidato de César Gaviria, asumiendo el control de dicha corporación. En el Senado todo fue diferente. Iván Name derrotó por 4 votos a Angélica Lozano, quién lo creyera, candidata del Pacto Histórico.

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