Como era de esperarse diversas reacciones produjo en el país político y el país nacional, el anuncio del primer magistrado de la Nación en el sentido de convocar una Asamblea Nacional Constituyente porque la Constitución vigente, redactada con la coadyuvancia del grupo político al que él entonces pertenecía, el M-19, no le permite maniobrar para imponer las “reformas sociales”. Este aviso se da cuando en la Comisión VII del Senado de la República está a punto de naufragar la ley ordinaria que pretende eliminar - que no reformar ni mejorar - el sistema de salud implantado en Colombia hace poco más de tres décadas por el presidente César Gaviria Trujillo. Ley ordinaria porque no es la que corresponde para intervenir el sistema de salud y porque su redacción y propósito también merecen ese adjetivo.
El argumento del señor presidente de la República para convocar la Constituyente es de resistencia insuficiente. Pero él cree que el guarismo electoral que le dio la presidencia lo faculta para imponer sus proyectos de ley hasta con el mecanismo de una Asamblea Constituyente si por el Congreso no puede. La vía de hecho, como ocurrió en 1990 y que llevó a la Séptima papeleta, que seguro el presidente ha contemplado, puede tener la plena seguridad que no se volverá a repetir, por lo menos en el corto plazo, porque entonces eran circunstancias de presión social incontenibles, hoy es una cosa circunstancial y de orgullo personal. Nada que ver. Claro, también puede suceder que el presidente hizo el anuncio para sondear la reacción popular. Y la tuvo en contra inmediatamente y con fuerza inusitada.
Lo cierto es que el presidente está minado políticamente, está solo, porque hasta sus mismos correligionarios, aquellos que lo apoyaron con devoción hasta el día de su elección, hoy han abandonado sus toldas: por decepción al advertir en qué consistía el famoso “Cambio”, por decepción al ver que más tardó en posesionarse que en empezar los escándalos familiares, los escándalos de la campaña presidencial, la entronización patológica de la mitomanía, la política de dividir al país ideológicamente entre “oro puro y escoria”, la apelación recurrente a las masas que ya no lo siguen, entre muchos otros aspectos.
Esa convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que hace el primer mandatario ha recibido toda clase de calificativos: improcedente, inoportuna, inconveniente e inconstitucional. El expresidente Ernesto Samper Pizano, seguidor del presidente, dice que “no se justifica ese esfuerzo”. El constituyente de 1991, Antonio Navarro Wolff, dice que “No luce necesaria una nueva asamblea constituyente”. Recuerdo haber leído hace algunos años un libro de Carlos Lleras Restrepo titulado ¿Constituyente o Congreso?, donde el expresidente manifiesta que el país sabe que es necesario introducir cambios en el manejo del gobierno y los está solicitando con angustia. Y agregaba: “Me inclino a no adoptar soluciones desesperadas o peligrosas improvisaciones. No hay que perder la cabeza cuando de juzgar se trata la conducta del poder público”.
El actual presidente de Colombia quiere ser el Presidente eterno, concentrar todos los poderes y manifestar como Luis XIX: “El Estado soy yo”, y entronizar un régimen político absolutista.
