Cuando no era a través de los medios de comunicación como se impartía justicia en Colombia, los jueces y magistrados sólo se conocían por sus sentencias y otras providencias, y por los salvamentos de voto donde se consignan las discrepancias individuales en decisiones colegiadas. Esa justicia era simbolizada por la diosa griega Themis que cubre sus ojos con una venda para significar la imparcialidad de sus actos.
Hoy, presenciamos con asombro cómo la justicia colombiana se pone en manos de los periodistas. Me explico: Antes de emitir un fallo, desde los estrados judiciales se transfieren subrepticiamente a los medios de comunicación testimonios, documentos, grabaciones etc. que forman parte del acervo probatorio de un juicio, -esquivando por esa vía la reserva del sumario que antes se guardaba estrictamente-, para generar una opinión en un determinado sentido.
Es frecuente ver y oír a jueces y magistrados opinar públicamente sobre los casos que tienen a su cargo, sin cuidarse de lo que antiguamente era un prejuzgamiento. Y, con el afán de figurar en los medios, se ha impuesto la extravagante práctica de publicar lo que llaman “el sentido del fallo”, un avance de las sentencias que sólo aparecen redactadas semanas o meses después. Se olvida que las providencias se deben estudiar en su totalidad porque su texto completo es fundamental para comprenderlas.
El Recurso de Amparo, que en Colombia se llama Acción de Tutela, es una institución consagrada en distintas legislaciones desde el siglo diecinueve, y fue incluida en varias reformas constitucionales presentadas por gobiernos colombianos, que la Corte Suprema no dejó pasar.
El artículo 86 de la Constitución Política prescribe, esencialmente, que toda persona puede utilizarla para que se protejan sus derechos constitucionales fundamentales cuando ello se vean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, y cuando el afectado no tenga otro medio de defensa judicial.
Lamentablemente, aquí la Tutela se convirtió en un expediente incontrolable, a través del cual se obtiene que un juez de cualquier jurisdicción dicte las más insólitas decisiones que obligan a la actuación inmediata de autoridades de todas las ramas del poder público. Haciendo un símil, es como los pacientes que, sin necesidad, acuden a los servicios de Urgencia de los hospitales para no tener que pedir citas ni someterse a los turnos ordinarios. Por eso la institución se ha desvirtuado.
Pero, el espectáculo de la justicia colombiana tiene más manifestaciones. Por un grave error de los constituyentes de 1991, la conformación de las Altas Cortes tiene la influencia perniciosa de la politiquería. Además, a ellas se les asignaron funciones de elección de altos dignatarios, todo los cual lleva a que las plazas de magistrados sean verdaderos trofeos clientelistas que implican batallas campales para capturarlos. Por eso, las peleas internas que todos observamos durante meses para llenar las plazas vacantes.
Esta perniciosa combinación de política, clientelismo y codicia es la que ha producido fenómenos como el Cartel de la Toga, una asociación de magistrados para delinquir vendiendo providencias, extorsionando y haciendo favores políticos.
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