Es inmenso el daño que la guerrilla del Eln ha causado al Norte de Santander y el Catatumbo desde su fortalecimiento económico, militar y social en la década de los 80s, como consecuencia de la extorsión exitosa a la empresa alemana Mannesman, que construyó el oleoducto Caño-Limón Coveñas. La presencia de los elenos en el Catatumbo, las provincias de Ocaña y Pamplona y la propia Cúcuta y su área metropolitana, solo ha significado para el departamento atraso, pobreza y mayor exclusión, exactamente lo contrario a lo que pregonan en sus declaraciones y comunicados públicos. Después de la plata de la extorsión, en los 90s llegó la de los cultivos de coca que desató una guerra más sangrienta por el control territorial entre el propio Eln, las Farc y los paramilitares. Esa disputa se traslada ahora, 20 años después, a las disidencias, los pelusos, bandas criminales y, siempre ahí, el Eln, como una maldición sobre los nortesantandereanos.
Esta semana los elenos volvieron a ser noticia a nivel nacional por sus demenciales acciones de guerra. En forma inmisericorde y salvaje asesinaron en El Carmen a nueve muchachos que apenas tenían la mayoría de edad. Mientras conversan con el gobierno de Petro, que ha demostrado una clara voluntad de paz, se fortalecen militarmente para ganar terreno en la zona, no solo frente a las propias fuerzas militares sino ante los otros grupos ilegales. Esta actitud del ELN debe ser repudiada y el mismo gobierno reflexionar sobre sus acciones, no para pararse de la mesa de manera apresurada como algunos indignados lo reclaman, sino para establecer con claridad unas reglas de juego. El Presidente Petro debe exigir a esa guerrilla un cese al fuego y de hostilidades unilateral e inmediato para recuperar la confianza de los colombianos en las negociaciones, porque incluso antes de este acto terrorista la opinión pública ya desconfiaba con razón de las verdaderas intenciones del Eln.
En el caso del Catatumbo, más allá del dolor por la pérdida de nuestros soldados y el rechazo a estas acciones, el gobierno tiene la inmensa oportunidad de intervenir integralmente la zona en estos momentos, cuando la actividad del narcotráfico se ha reducido en forma sustancial como consecuencia de la salida de los poderosos cárteles mexicanos, que eran los que compraban la hoja y la pasta de coca a los cultivadores. La crisis económica y social es dramática en los últimos meses y hoy más que nunca los campesinos necesitan la presencia del estado, no solo expresada en número de soldados y policías, como en forma lamentable lo hizo el gobierno de Duque sin ningún resultado positivo. Si el gobierno toma la decisión de implementar el acuerdo de paz en el Catatumbo, que implica desarrollar en forma oportuna y eficaz el PDET, reanudar los acuerdos contemplados en el PNIS y avanzar rápidamente en la reforma rural integral, encontrará una comunidad organizada ansiosa de cambiar su modo de vida e ingresar a la legalidad.
Esa es la única forma de quitar el poder a los grupos armados ilegales que operan allí, encabezados por el Eln. En los ocho años del gobierno Santos intentamos hacer una inversión social y de infraestructura en la zona, que ha sido insuficiente. De alguna forma caímos en el círculo vicioso de que el estado no puede ingresar a ejecutar sus programas por la acción de los grupos violentos y estos subsisten por la ausencia del estado. Ahora surge la gran oportunidad, convertirlo en un círculo virtuoso en el que gane la legalidad, con las organizaciones sociales que ya trabajan de manera coordinada. El gobierno debe actuar rápido. Estos 9 meses que faltan del 2023 son claves para arrebatarle el Catatumbo a los violentos y generar confianza en los campesinos de la región. Eso no se logrará solo con soldados y policías, que son importantes sin duda, sino especialmente con la implementación integral del acuerdo de paz. La fórmula esta ahí, no hay que inventar nada nuevo, solo hay que aplicarla en forma oportuna y eficaz.
