A nadie sorprendió la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el orangután que incorporó en la Ley de Presupuesto de este año el gobierno Duque, con la complicidad de sus mayorías en el Congreso. Sin ningún debate jurídico serio, a las patadas y por la puerta de atrás, eliminaron la Ley de Garantías vigente desde el año 2005.

La sorpresa para algunos fue la celeridad con que la Corte adoptó la decisión. Y además, la contundencia del fallo que señala con claridad que la violación a la Constitución fue flagrante, es decir grosera. Por ello, la Corte ordena que los convenios suscritos al amparo de este vulgar mico deben ser reversados y prohíbe avanzar en la inversión de los recursos contemplados.

Se confirma lo que ya todos sabíamos. Los señores del Congreso, orientados por el gobierno, derogaron una ley estatutaria con una ley de inferior categoría como la ley orgánica de presupuesto, con el propósito evidente de saltarse el control previo de constitucionalidad al que se encuentran sometidas las leyes estatutarias. Duque sabía que el “articulito” que promovía su gobierno era inconstitucional y tenía el claro propósito de utilizar recursos públicos para torcer la voluntad ciudadana en las elecciones.

Y sin duda lograron salvar algunas curules de sus partidos aliados en el Congreso, con la inmensa cantidad de dinero, más de 4 billones de pesos en convenios, que se suscribieron desde noviembre del año pasado. El Presidente violó con premeditación la ley al sancionar esta norma, con la certeza que sería declarada inexequible por la Corte, como en efecto sucedió meses después. Sabía además que cuando se expidiera el fallo ya sería tarde para restablecer el equilibrio electoral. Sin embargo, la Corte en actuación sin precedentes sienta una dura jurisprudencia al respecto.

Resulta grave también que el presidente, siempre tan locuaz, guarde sepulcral silencio frente al fallo. También pasan de agache ministros, los directivos de comisiones y los ponentes del adefesio, con pocas excepciones. La propia decisión de la Corte, por su severidad y contundencia, se convierte en un auto cabeza de proceso contra los servidores públicos que participaron en esta operación sin antecedentes.

Los hechos de esta semana demuestran la importancia que tiene para una democracia, más allá de quien gobierne, el sistema de pesos y contrapesos. La independencia y autonomía de la justicia es crucial para prevenir los abusos desde el poder presidencial.

La Corte Constitucional nuevamente demuestra el valor que tiene para preservar nuestro sistema democrático. Si no existiera una Corte moderna e independiente, hoy en Colombia no existiría la JEP, tendríamos cadena perpetua, estaría vigente el desastroso Código Electoral que aprobó el Congreso y este orangután estaría vivo.

Quedan lecciones para el futuro que no podemos soslayar. La primera que gobierno y Congreso no pueden olímpicamente pasarse por la faja la Constitución y que hay una institución lista para evitarlo. Que tienen unos límites que no pueden sobrepasar sin incurrir en graves faltas. En este caso el país entero, incluso aliados del gobierno, advirtieron sobre la inconveniencia e inconstitucionalidad de la norma, y a pesar de ello el Congreso la aprobó y el jefe del estado la sancionó.

La segunda lección es que debemos adoptar medidas para contar con mecanismos de prevención más eficaces y oportunos frente a esta clase de abusos. Los congresistas actuaron de esta manera porque asumían que la Corte Constitucional no tenía competencia para suspender de inmediato la entrada en vigencia del orangután que aprobaron, por más flagrante que fuera la violación de la Constitución.

Hacia el futuro es clave otorgar esa facultad a la Corte, con los debidos requisitos y precauciones, con el fin de advertir al legislativo y el ejecutivo que no pueden cometer barbaridades y, que en caso de que se repitan decisiones similares, la Corte podrá actuar de inmediato para evitar los efectos perversos que puedan ocasionar decisiones arbitrarias como la que adoptaron