Ya ningún sector se escapa a los intentos del Gobierno por desinstitucionalizar y pretender a la fuerza concentrar en el Presidente decisiones que competen a otros poderes públicos. El más reciente, un burdo decreto que desconocía toda la normativa que regula la ejecución del presupuesto nacional, y que terminó cobrándose la cabeza de dos de los funcionarios más competentes de los que disponía el Gobierno.

Se ha tratado de enmendar el estropicio con el ya famoso decreto de yerros, expedido a las volandas, y que no subsana y ni siquiera disimula el hecho de que lo que ocurrió fue una acción deliberada, producto de una orden emitida en el palacio presidencial para modificar ilegalmente lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley del Presupuesto General de la Nación aprobada por el Congreso.

La fraudulenta maniobra les pareció muy fácil, pues bastaba con acumular algunos rubros del gasto aprobado por el Congreso para convertirlos en partidas globales, cuyo monto supera los 13 billones y cuya destinación específica se desconocía y, por lo tanto, el gasto hubiera quedado supeditado a la particular voluntad del presidente Petro. En otras palabras, lo que se decretó fue una dictadura presupuestal que no respetaba ni las normas ni los compromisos adquiridos.

Y al incluir el contenido del obligatorio anexo en el artículo 1º del decreto, en la práctica lo que se estaba ocasionando era que el control del gasto de 2024 quedara exclusivamente en cabeza del presidente Petro, puesto que es él quien suscribe el decreto de liquidación del PGN y sus modificaciones. Por lo visto, Petro desconfiaba de su ministro de Hacienda y de su director de Planeación, y por ello se blindaba de sorpresas por una apropiación inconsulta de recursos a proyectos de infraestructura que no fueran los de su plan de gobierno.

Como consecuencia de este decreto de liquidación, en la ANI hubieran quedado desfinanciados 20 proyectos concesionados 4G por valor de $ 7,1 billones; en el Invías, el faltante sería de $ 3,1 billones en proyectos tan estratégicos como el túnel del Toyo y sus vías de acceso, en Antioquia, y la primera línea del metro de Bogotá, en $ 500.000 millones.

No es difícil concluir que lo que quería y aún quiere el presidente Petro es reprogramar el gasto del Gobierno para así poder financiar los perfiles de proyectos que tiene en mente y que todavía distan mucho de ser viables, pero lo que resulta inexplicable es que él y sus ministros hubieran olvidado incluir esos proyectos en el presupuesto que presentaron a la consideración del Congreso y que fue aprobado por valor de 502 billones de pesos.

Increíble que nadie haya tenido la valentía de hacerle notar al presidente Petro que, como consecuencia de su deliberado Decreto 2295, el Invías no hubiera podido contratar ni realizar los necesarios mantenimientos rutinarios a las vías nacionales no concesionadas. Que no habría posibilidad de renovar el contrato de operación y mantenimiento del túnel de La Línea. Que estarían desfinanciados proyectos viales de la “Colombia profunda”, aquella que votó por el Gobierno del Cambio. Que se incumpliría con el proyecto de TransMilenio en Soacha.

A eso habría que sumar los del congelamiento de las tarifas de peajes y las demoras en los pagos de los Diferenciales de Recaudo (DR 8) a los concesionarios, que terminarán de erosionar la poca confianza inversionista restante y, peor aún, ocasionarán que Colombia sea catalogado como un país incumplido que no honra sus compromisos.

Pero Petro sigue inquieto. No confía en nadie e insiste, a través del nuevo decreto publicado para comentarios, en mantener en cabeza suya la última decisión sobre la ejecución del presupuesto. Esta terquedad no tiene otra explicación que la campaña presidencial de 2026, que ya está en marcha. Serán esas elecciones las que orientarán el destino de los billonarios recursos que Petro quiere distribuir a dedo y pasando, como ya es su costumbre, por encima de la ley.

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