Históricamente, los gobiernos se defienden de la oposición. Sin embargo, en la administración de Gustavo Petro el enemigo no está afuera; está sentado en el consejo de ministros, despacha desde las direcciones administrativas y se ataca con la ferocidad de quien busca eliminar al testigo para salvar el propio pellejo.
Lo que Colombia presencia no es un ejercicio de gobernanza, sino un espectáculo sistemático de canibalismo político donde la ética pública es sepultada por una guerra de intereses personales. Desde la campaña se advirtió que Petro no sabía gobernar; hoy, la realidad nos da la razón de la manera más cruda.
La narrativa oficial insiste en un "golpe blando" para victimizarse, pero son los propios funcionarios quienes destapan una trama de corrupción, chuzadas y extorsiones que se asemeja más a una estructura criminal que a un equipo de gobierno.
Este escenario de descomposición se refleja en una secuencia de señalamientos que no ha tenido fin: el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, acusó de espionaje al Ministerio de Defensa; Laura Sarabia denunció a Armando Benedetti y este a ella; Carlos Carrillo se enfrentó en denuncias cruzadas con Angie Rodríguez; y Luis Carlos Reyes arremetió contra Roy Barreras y Armando Benedetti acusándolos de corrupción.
El fuego amigo ha sido total y devastador: ni siquiera los hijos del presidente se salvaron de esta guerra, pues mientras Nicolás Petro Burgos terminó rindiendo cuentas ante la justicia, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó denuncias contra el propio Nicolás Alcocer Petro.
Caso aparte y de extrema gravedad es el de Ricardo Roa, quien fuera el gerente de la campaña de Petro y hoy preside Ecopetrol, también señalado en este entramado de denuncias. Todo esto ocurrió mientras Olmedo López confesó la red de corrupción que salpica al corazón del proyecto político.
El mensaje que Petro envía al país es devastador. En lugar de depurar su equipo ante las evidencias, los mantiene en sus cargos o los premia. Esta actitud revela una verdad oscura: el Gobierno está tan hundido en su propia podredumbre que no tiene autoridad moral para sacar a nadie. Como en toda organización turbia, los secretos que guardan los unos de los otros son el único pegamento que mantiene unido al gabinete. Saben que donde caiga uno, caen todos, como bien lo advirtió Armando Benedetti en sus audios.
A este panorama se suma una advertencia que el país no puede ignorar. El candidato del petrismo, Iván Cepeda, ha dicho sin ambigüedades que será la continuidad de este proyecto. Hasta hoy, Cepeda jamás se ha pronunciado en contra de este entramado de corrupción y autodestrucción institucional; su silencio no solo otorga, sino que lo confirma como el heredero de la debacle.
Colombia, en estos tres años, no ha sido gobernada sino asediada por una mafia que, bajo el disfraz del progresismo, instaló un modelo peligroso y destructivo. Votar por la continuidad es validar el saqueo y firmar la entrega final de la democracia.
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