En el lenguaje empleado por el presidente Petro en sus extensos y cada vez más insustanciales discursos, los términos que más aparecen y están detrás de sus acciones, son “derechos” y “pueblo”, utilizados ambos de manera imprecisa como cuando con “pueblo” se refiere implícita y exclusivamente a quienes lo vitorean en la plaza de Bolívar, a los campesinos y/o a quienes lo eligieron. ¿Quiénes eligieron a los congresistas de partidos de oposición o independientes y a los alcaldes y gobernadores no petristas no hacen parte del “pueblo”? Ahora bien, los términos que nunca o casi nunca utiliza ni están detrás de sus decisiones son “deberes” y “nación”. Es el caso, por ejemplo, de aprovechar el viaje a China para, unilateral y sorpresivamente firmar el documento de intención para ingresar oficialmente a la Iniciativa de la “Franja y la Ruta de la Seda”. ¿Cumplió Petro con el deber de hacer un suficiente análisis de las implicaciones no solo comerciales para la nación, sino también estratégicas para la Seguridad Nacional?.
Lo anterior expresa la ideología que mantiene al presidente Petro esclavo de sí mismo, la cual ha permanecido subyacente en sus posturas y decisiones durante su ejercicio del gobierno. Esta ideología, que bien puede denominarse como de egoísmo anárquico, conlleva una “ética” implícita: la tendencia a ver en la ley y las normas obstáculos que se oponen a su “voluntad propia” y al mismo tiempo mostrar falta de empatía o solidaridad, que puede incluso justificar el abuso de poder o la corrupción si favorece al “yo”, todo lo cual irradia fragmentación y desunión no solo en su gabinete sino también en la nación.
Es la misma ideología que ha impedido a las principales reformas sociales (educación, salud, y laboral) ver la luz de aprobación en el congreso. Varios congresistas, y no solo de la oposición, han dicho en diferentes formas que, más que los artículos de los proyectos de ley, lo que en últimas se ha convertido en el obstáculo insalvable, ha sido la incapacidad del gobierno para concertar y arribar a consensos.
Entonces surge el interrogante de si los ministros de la política que ha tenido este gobierno - Prada (hundimiento de la reforma política), Velasco (archivo de la reforma laboral en la comisión séptima), Cristo (no aprobación del Presupuesto General y la ley de financiamiento) y Bennedetti (negación de la consulta popular) - han seguido instrucciones del presidente de no “escuchar” y seguir adelante buscando imponer la voluntad de su jefe o han sido incompetentes para concertar en el congreso, lo cual es poco probable dada la experiencia política de todos ellos y el ampliamente comentado vacío en la comunicación entre el presidente y los ministros.
Dicho lo anterior, es lógico colegir que lo que ha ocurrido es que gran parte del órgano legislativo se ha sentido con frecuencia insultado con los discursos de Petro frente a su “pueblo”. No es sino recordar el del pasado 1º de mayo cuando en un paroxismo rayano en el ridículo y con espada de Bolívar y bandera bolivariana de la “guerra a muerte” incluidas, amenazó a los congresistas que se opusieran a la consulta diciendo “que serían expulsados del congreso por el pueblo”.
Finalmente, todo lo descrito atinente a la ideología que “adorna” el estilo de gobierno del presidente, se corrobora con la intempestiva renuncia de Ángela María Buitrago al Ministerio de Justicia y la reacción de Petro desde la China quien no tuvo ni lealtad ni respeto por la funcionaria que venía cumpliendo una labor concentrada en los principales problemas de su sector, alejada del clima de crispación política que promueve y rodea al gobierno. Si se tiene en mente que además de las decenas de relevos ministeriales de los años anteriores, en lo que va corrido de este año ya son 15 los cambios en el gabinete, se puede afirmar que la grave lesión a la gobernabilidad, a la estabilidad institucional y a la deficiente gestión oficial son otros de los efectos colaterales producidos por un gobierno presidido por un ególatra anárquico.
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