En los nubarrones de violencia que se posaron sobre la capital el 9 y 10S, confluyeron tanto la brutalidad y abuso de varios policías – en los vejámenes y asesinato de Javier Ordoñez y en la reacción al vandalismo contra muchos CAI, que incluyó disparos a gente desarmada-, como la indignación de muchos jóvenes opacada por el vandalismo de varios de ellos que, aupados por unos pocos, desahogaron destructivamente frustraciones y rabias. A todo lo cual se sumó la reacción de un gobierno municipal sorprendido y, en momentos críticos, desubicado en su papel de primera autoridad de policía, con un gobierno nacional (comandante supremo de la Fuerza Pública) de posturas reactivas no solo tardías sino también equívocas y hasta desafiantes que, una vez más, dejaron al desnudo su incompetencia gubernativa. Así las cosas, las responsabilidades son compartidas, pero claro está en distintos grados.
Si en el paro del 21N el presidente Duque buscó cambiar la inconformidad y desilusión con su gobierno, por la narrativa del manido argumento del plan desestabilizador del foro de São Paulo apoyando la subversión interna, en el caso del 9S ha tratado de cambiar la narrativa sobre lo ocurrido, dejándolo como unas acciones vandálicas programadas contra la Policía, con el apoyo premeditado del Eln y las disidencias de las Farc, un libreto insostenible que, si fuera cierto, dejaría en evidencia la incapacidad del Estado para prevenir y repeler esos ataques. ¿A qué conclusiones respecto al 21N llegaron la Dirección Nacional de Inteligencia y la Consejería de Seguridad Nacional? ¿Previeron que algo análogo podría ocurrir una vez superadas las cuarentenas? ¿El detonante que inició los eventos del 9S provino de una conspiración subversiva? ¿Cuál fue el resultado pacificante de “las conversaciones” realizadas después del 21N?
Lo cierto es que la “visión” del problema que aparentemente tiene el gobierno, derivada de su incompetencia, lo que busca es deslegitimar la protesta social y canalizar el apoyo hacia un gobierno cada vez más desconectado de la realidad y de sus deberes constitucionales.
Ahora bien, pasando a la reacción al vandalismo contra los CAI de una considerable proporción de policías ¿será que si desde el 21N asumieron como cierta la “visión” del problema de su comandante supremo, no estaban predispuestos a reaccionar usando ilegítima y excesivamente la fuerza? ¿no tendrían, al menos algunos cuadros de mando, incrustado un deseo de venganza después del acto terrorista en la Escuela General Santander en enero del mismo año? Así pues, independientemente de la responsabilidad penal que debe terminar de establecerse respecto a los policías que actuaron cual vándalos uniformados, también hay cuotas de responsabilidad política tanto en el Presidente de la República como en el Ministro de Defensa y el Director de la Policía Nacional.
Y si el presidente Duque sigue con posturas que denotan no solo desconexión con la realidad sino también desdén- como aquel “de que me hablas viejo”-, aunque trate de corregirlas, seguirá abonando el terreno para más protestas sociales, la próxima vez de pronóstico reservado.
