Se cumplen esta semana 10 años de la sanción de la Ley 1448, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El 10 de junio del 2011 el Presidente Santos, acompañado del entonces Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y más de 500 víctimas provenientes de todo el territorio nacional, firmó la ley más importante que el Congreso de la República haya expedido en décadas. Tras cuatro años de intensas discusiones, avances y frustraciones, se logró un texto respaldado en forma casi unánimemente por todas las fuerzas políticas.
Terminaba de esta manera una tarea que iniciamos con un maravilloso grupo de víctimas el 24 de julio del 2007, cuando se convocó por primera vez una Audiencia Pública en la plenaria del Senado para escuchar los testimonios de decenas de víctimas de las guerrillas, el paramilitarismo y agentes del estado. Ese día escuchamos relatos de la barbarie de las FARC en Bojayá; María Cecilia Mosquera nos compartió el dolor de su familia por la absurda tragedia provocada por el Eln en Machuca; Lisinia Collazos nos contó su sufrimiento ante el terror generado por los paras en el Alto de Naya, entre otras. Por primera vez en Colombia se conocieron esas historias y escuchamos a sus protagonistas.
Desde ese momento comenzamos a trabajar con las propias víctimas y unas incipientes organizaciones, con el valioso apoyo de Naciones Unidas, en la preparación de un texto de Ley que se presentó en septiembre de ese mismo año. Con muchas dificultades y la oposición del gobierno, a veces soterrada y otras de manera más abierta, se avanzó en las Comisiones y Plenarias de Senado y Cámara hasta que llegamos a la votación de las conciliaciones de los textos y en ese momento el gobierno decidió destapar sus cartas y rechazar públicamente la ley. Con el argumento de su costo fiscal, que en el fondo escondía la antipatía del propio Uribe por el reconocimiento a las víctimas de agentes del estado, por primera vez se hundía en esa última etapa una ley que generaba esperanzas, reconocimiento, inclusión a millones de colombianos tratados como ciudadanos de quinta categoría, como limosneros del gobierno de turno. Un gobierno que no reconocía que existía un conflicto armado que ocasionaba el más alto número de víctimas de cualquier nación. Una sociedad que los ignoraba e invisibilizaba.
Hace 10 años terminó esa historia de desconocimiento y desprecio de la sociedad por las víctimas. Se acabó también la absurda negación del conflicto armado. Con la Ley 1448 las víctimas adquirieron su ciudadanía plena, sus derechos. Dejaron de ser objeto de limosna para convertirse en sujetos de derechos. Una ley que reconoció de manera unilateral a todas las víctimas, sin consideración de su victimario. Que se impulsó aún en medio del conflicto.
Celebramos entonces en medio de esta crisis profunda que vivimos una ley histórica que reconoció derechos a casi el 20% de la población y que en su implementación, a pesar de las carencias y dificultades, se ha convertido en ejemplo a nivel mundial. Más de 1 millón de víctimas indemnizadas, más de medio millón de hectáreas restituidas a los campesinos despojados y muchas otras medidas efectivas de reparación. Hoy las víctimas cuentan con un instrumento legal para exigir al estado que pague la deuda ética y moral que tiene con ellas. Nos falta mucho todavía como sociedad para lograrlo. Se requiere mayor decisión política. Gracias a un fallo de la Corte Constitucional, que amplió en 10 años la vigencia de la ley que debía expirar esta semana, tenemos ahora una década más para cumplir con las víctimas. Y un reciente fallo de la misma Corte avaló la aprobación de 16 curules en el Congreso para las víctimas, caso único a nivel internacional. En momentos que transitamos por la decepción, la tristeza, la incertidumb
re, la Ley de Víctimas es la demostración de que el estado sí puede ocuparse de los más débiles y adoloridos en nuestra sociedad. Sólo es cuestión de voluntad.
