Amables lectores: Hablando de justicia, desde hace varios periodos, venimos oyendo a nuestros gobernantes que en Colombia: “el que la hace la paga”. Pero que lejos de la realidad está esta frase en nuestro país. Teniendo presente lo anterior, me impactó con su columna Miguel Gómez Martínez, cuando trae en su escrito la frase del célebre economista estadounidense Tomas Sowell cuando afirma: “Es difícil imaginar una manera más estúpida o más peligrosa de tomar decisiones que ponerlas en manos de personas que no pagan ningún precio por equivocarse”. La reciente decisión de la Corte Constitucional sobre limitar la capacidad del Estado de enfrentar la proliferación de cultivos ilícitos, no solo confirma lo dicho por Sowell, sino que justifica el notorio desprestigio de la Corte Constitucional con un aumento de la desfavorabilidad del 42,8% al 61,6% en los últimos 5 años. La ciudadanía se ha convencido de que la Corte tiene una encubierta politización en algunas de sus determinaciones que riñen con los objetivos del interés nacional. La Corte Constitucional solo necesitaba el cabildeo de los ambientalistas, de las comunidades indígenas y de algunas organizaciones disfrazadas de campesinos, dominadas por la guerrilla y los carteles, para crear la tragicomedia sobre el peligro del uso de pesticidas para hacer erradicación. Basándose en esa crítica y sin realizar un mayor análisis, pero para pasar a la historia como “los buenos”, se prohibió la aspersión aérea con glifosato, siendo este el herbicida más efectivo del planeta.
Los resultados de esta decisión de la Corte, como dice Sowell, sin pagar ningún precio por la equivocación están a la vista, pues de 48.000 hectáreas de sembrados de coca pasamos a 246.000. Esto significa unas mil toneladas métricas más de cocaína. Aunque con gran esfuerzo y un alto costo de vidas, este gobierno ha logrado erradicar manualmente 40.000 hectáreas, pero esta es una forma ineficaz que pone en peligro la vida de los erradicadores. La Corte al tomar estas decisiones no tiene en cuenta el control que ejercen los grupos mafiosos con amenazas y asesinatos sobre las autoridades en la región.
Los buenos de los magistrados no quieren reconocer lo que es una verdad innegable: “Nadie va a arrancar plantas de coca o amapola para sembrar frutales”. La respuesta es elemental, la rentabilidad de ambos cultivos nunca será similar. La sustitución de cultivos voluntaria nunca será efectiva no solo por cifras económicas, sino por el poder amenazante y corruptor del narcotráfico.
La falta de criterio de nuestros magistrados que deciden, sin temor a equivocarse, porque no pagan algún precio por sus errores, fallan como si Colombia fuese Holanda o Suecia, sin tener en cuenta que sus errores afectan a las poblaciones que hoy están sometidas al narcotráfico con violencia, muerte y, lo peor, sin futuro. La Corte acaba de fallar favoreciendo las tutelas de las comunidades Afro e indígenas en el sentido que se necesita consulta previa con las comunidades antes de reiniciar la fumigación. La votación de este fallo fue dividida. Como parece que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) si había cumplido previamente con la participación ciudadana, se impone una acción de nulidad de esta sentencia por extralimitarse en su competencia, porque la ANLA y la Policía Nacional si habían cumplido con el debido proceso.
