Desde 2025, después de un verano…verano, el país viene de lluvia en lluvia. La primera temporada se desgajó en abril, pero no de lluvia bendita, sino de la que arrasa con todo. En julio, cuando bajaron las aguas, más de 168.500 familias habían sido afectadas en 754 municipios, según la UNGRD.

En agosto no dejó de llover y, casi sin solución de continuidad, en septiembre inició la segunda temporada, que se fue hasta diciembre, cuando tuvimos fiestas con algo de veranillo, pero sin dejar de llover. Comenzando noviembre, más de 64.000 familias habían sido afectadas en 253 municipios.

Las esperanzas estaban puestas en el nuevo año, pero, según el IDEAM, “enero registró niveles de precipitación superiores a los históricos, especialmente en las regiones Caribe y Andina”. El desastre se anunciaba…

Y el desastre llegó. Terminando enero, al decir de las abuelas, “el cielo s’esfondó”, generando una catástrofe que ha afectado a más de 27.000 familias en apenas días, con más fuerza en el Caribe y, en especial, en Córdoba, donde, en menos de 24 horas llovió lo de un mes, obligando a más de 12 horas de descarga de la hidroeléctrica Urrá I con altos caudales. El resultado: un diluvio bíblico y más de 19.000 familias afectadas en la región…, hasta ahora.

La agricultura está devastada y la ganadería no menos; en 183 veredas de 26 municipios, 6.414 predios ganaderos que cubren 140.492 hectáreas están inundados, 1.207 animales han muerto o desaparecido y más de 315.000 están sin pastos, suplementos, agua potable y un lugar seco, con riesgo inminente de crisis de salud animal.

La solidaridad ganadera no ha faltado. La Fundación Colombia Ganadera ha gestionado entregas de leche con el Fondo Nacional del Ganado, siete toneladas de arroz y 4.000 prendas con la Organización Minuto de Dios, 1.000 pañales con la Fundación Fruto Bendito y la logística con el Ejército.

Sin embargo, la catástrofe exige una suerte de “Plan Marshall” que articule esfuerzos locales, regionales y nacionales para lo urgente: la vida, la salud y el bienestar de humanos y animales, mientras se adoptan medidas, también urgentes, para reparar viviendas, infraestructura y, fundamental en una región agropecuaria, para recuperar praderas, plantaciones e instalaciones productivas, que son la fuente de generación de la riqueza perdida.

El próximo gobierno deberá asumir las causas estructurales: una gestión ambiental a cargo de corporaciones clientelistas que no deberían ser “autónomas”; una gestión del riesgo libre de corrupción, que lo prevenga y no sea apenas reactiva, y a veces ni eso: El dique Caregato en La Mojana es un ejemplo vergonzoso.

En fin, una institucionalidad fortalecida y con recursos para atender y prevenir emergencias. No entiendo por qué las mafias tienen dragas para sacar oro y dañar los ríos, y el Estado no las tiene para cuidarlos y evitar que el país siga… de desastre en desastre.

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