En la avalancha de críticas que caen sobre el Presidente Duque, periodistas y comentaristas repiten con insistencia que él tiene que dar empleos y prebendas a los políticos con asiento en el Congreso para adquirir “gobernabilidad”. Es excusable que algunos desinformados coreen ese disparate, pero es inadmisible que lo hagan personas que se dicen eruditas.
Si algo tiene el Presidente Duque es gobernabilidad porque, él, dirige la administración con un equipo de ministros y demás funcionarios completamente comprometidos con sus planes de gobierno, y tiene en las fuerzas armadas y de policía un apoyo irrestricto.
Gobernabilidad es la capacidad del Presidente de atender las necesidades de la sociedad. Ello se logra con los recursos asignados a las entidades encargadas de resolver las demandas de la nación, y de la eficacia en su ejecución. La educación, la salud, el transporte, la generación de empleos, la protección de la niñez y de la mujer, la recreación de los ciudadanos, la dirección de la economía y el orden público son, principalmente, los deberes que debe atender el gobierno.
Una de las funciones del Presidente es la de colegislador, en ejercicio de la cual puede presentar al Congreso proyectos de ley y de actos legislativos, y sancionar u objetar las leyes que él expida. Aquí es donde surge la relación entre el Ejecutivo y el Congreso que se fue convirtiendo en una negociación indecorosa en la que el Parlamento enajenaba su autonomía a cambio de puestos y contratos, y el gobierno cedía gobernabilidad entregando jirones de la administración a los políticos para obtener su aquiescencia en la aprobación de las leyes.
Uno de los ejemplos superlativos de esta práctica es el del Presidente Samper para obtener, mediante un procedimiento inexistente en la legislación colombiana, una absolución de la Cámara de Representantes por la entrada de dineros ilícitos a su campaña; los Representes de ese momento manejaron a su antojo la contratación gubernamental.
Otro caso es el del Presidente Santos que entregó a políticos inescrupulosos importantes entidades del gobierno, convertidas en focos de corrupción y nidos de burocracia dañina, con el fin de que el Congreso aprobara expeditamente la legislación de los acuerdos con las Farc que la ciudadanía la rechazó en el plebiscito. Entre las entidades endosadas estaban Findeter, Fonade el SENA, el ICA, El Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para sólo mencionar algunas.
En Colombia, el Presidente de la República tiene la doble investidura del Jefe de Estado y cabeza de la Rama Ejecutiva (Gobierno). En ejercicio de la primera debe velar por la buena marcha de las otras ramas del Poder Público en una colaboración armoniosa con ellas, y representar al Estado en el ámbito internacional.
El Presidente Duque ha defendido el principio de la autonomía de la rama legislativa, de tal suerte que somete a ella sus proyectos para que sean estudiados y evacuados sin componendas. De esa manera ha preservado su gobernabilidad y ha fortalecido el fuero del Congreso
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