Como colombiano que observa el panorama nacional, me he detenido a pensar en la idea de convocar una nueva asamblea constituyente. El debate ha surgido en medio de un contexto agitado, pero me parece constructivo examinarlo con calma, sin inclinaciones partidistas. Simplemente, mirando los hechos y el calendario que tenemos por delante.
Este año, 2026 serán de elecciones intensas. Tendremos presidenciales, congresionales y posiblemente locales en algunos lugares. Eso significa campañas, votaciones y un país enfocado en elegir líderes.
Organizar una constituyente en paralelo demandaría un esfuerzo enorme: definir reglas, elegir delegados, debatir y votar cambios. El tiempo es corto; desde ahora hasta las urnas, apenas hay meses para preparar algo tan complejo. Me pregunto si es realista encajar todo eso sin generar caos administrativo o distraer recursos que podrían usarse en problemas urgentes, como la economía o la seguridad.
Esta propuesta del presidente de la República me parece más una quimera que un plan viable, en el sentido de algo ilusorio, difícil de materializar en la práctica.
Históricamente, las constituyentes nacen de crisis profundas, como la de 1991, que surgió de un momento de violencia y necesidad de cambio. Hoy, aunque hay desafíos, no veo esa misma urgencia colectiva. Más bien, podría interpretarse como un distractor para quitar protagonismo a las próximas elecciones, algo que desvía la atención de temas cotidianos que nos afectan, como la desigualdad y la calidad de la educación. No digo que sea intencional, pero el efecto podría ser ese: hablar de grandes reformas mientras lo inmediato queda en segundo plano.
Recientemente, se ha iniciado la recolección de firmas para una Asamblea Nacional íntegra, lo que añade un elemento concreto al debate. Este proceso busca respaldar la convocatoria con apoyo ciudadano invocando al “pueblo”, pero en un periodo electoral tan cargado, podría complicar aún más el panorama, dividiendo esfuerzos entre campañas políticas y esta iniciativa.
En cuanto a la Constitución de 1991, creo firmemente que no necesita ser reemplazada ni alterada de fondo. Es un documento nacido de un proceso inclusivo que involucró a diversos sectores de la sociedad. Su carácter es de adelanto y equilibrado: reconoce derechos indígenas, ambientales y de minorías, algo innovador para su época. Establece un sistema de controles y equilibrios entre poderes, con mecanismos como la tutela que permiten a cualquier ciudadano defender sus derechos básicos de manera rápida.
Lo que falta no son cambios, sino aplicarla de verdad. Por ejemplo, sus principios sobre equidad social y protección ambiental están ahí, pero dependen de políticas públicas efectivas y de un compromiso real de los gobiernos. Si se implementara con rigor, veríamos avances en educación, salud y paz sin necesidad de empezar de cero. Una nueva constituyente podría diluir estos logros en lugar de potenciarlos.
Al final, pienso que la mira debería estar en fortalecer lo que ya tenemos. En estos años electorales, debe priorizarse los debates sobre cómo ejecutar mejor la Constitución actual, en vez de perseguir ideas grandiosas que podrían no aterrizar. Así, avanzamos con firmeza, sin ilusiones ni distracciones innecesarias.
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