Como era de esperarse, las primeras horas de gobierno del presidente Gustavo Petro estuvieron colmadas de noticias y anuncios. Muchos irrelevantes para el país -como la pataleta entre presidentes por la espada de Bolívar- o verdaderamente trascendentes, como la radicación del proyecto de reforma tributaria en el Congreso o las designaciones de los ministros que faltaban.

Sin embargo, hubo unos anuncios que pasaron de agache entre una agenda informativa convulsionada, como el nombramiento que hizo la ministra de salud Carolina Corcho del médico Ulahy Dan Beltrán López como superintendente de salud. Las críticas fueron inmediatas puesto que este, quien será el encargado de la vigilancia de nuestro sistema de salud, tiene una sanción de la Contraloría y dos procesos fiscales abiertos. Este nombramiento envía un mensaje inadecuado y es un pésimo primer paso del gobierno Petro en el sector, por decir lo menos.

No se puede poner un ratón a cuidar el queso, así el mismo Beltrán diga que su sanción es tan grave como la imposición de una multa de tránsito y que no le genera ningún tipo de antecedente o impedimento para asumir esa función pública porque se trata de una sanción de tipo administrativa. ¿Y los demás procesos? ¿Y el ruido mediático frente a un cargo que en teoría debería ocupar alguien inmaculado? Veamos el dosier.

Entre septiembre de 2019 y febrero de 2020, Ulahy Dan Beltrán se desempeñó como gerente del Hospital Universitario Cari en Barranquilla. En ese tiempo, sostiene la Contraloría mediante sendos autos, el ahora superintendente – y dos gerentes más- no radicaron millonarias facturas que terminaron perdiéndose y acrecentando las deudas del hospital.

El presunto daño fiscal no paró ahí. Además de los 8 mil millones que estima el ente de control se dejaron de cobrar, también hay un proceso por detrimento patrimonial. Al parecer, el entonces gerente Beltrán es responsable de un pago de 48 millones de pesos a la Dian por mora en una obligación tributaria. Todo eso sin contar que el polémico Supersalud fue suspendido de su cargo por la Contraloría del Atlántico el 5 de marzo de 2020.

Y aunque en varias entrevistas, Beltrán ha dicho que los cuestionamientos en su contra se derivan de persecuciones políticas, lo cierto es que varios de esos procesos están en curso, incluida una demanda que le puso la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, por un contrato de cerca de 12 mil millones de pesos que Beltrán suscribió con un único oferente —el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe — al parecer en contra de la Junta Directiva del hospital y en contravía de los conceptos que previamente habían establecido los organismos de control.

Como sea, todos esos cuestionamientos plantean la pregunta de si el nuevo superintendente es la persona que necesita el Sistema de Salud y si su nombramiento, en vez de obedecer a criterios de calidad e idoneidad, tiene que ver con las simpatías sindicales de la nueva ministra, un terreno en el que ambos han sido colegas. Ojo, con la salud no se juega.

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