Desde la pared de una sala de juntas en el Banco de la República, una obra de un artista conceptual lanza una advertencia permanente: “Todo está muy caro”. Ese letrero preside reuniones de quienes buscan la estabilidad, recordando que la inflación es una carga silenciosa que socava, con especial avidez, el bolsillo de los más pobres.

El orden monetario actual representa la superación de una historia marcada por la inestabilidad. Tras la Guerra de los Mil Días, la emisión desmedida elevó la inflación a niveles cercanos al 400%, lo que obligó al Estado a encomendar a la Junta de Conversión el saneamiento del circulante. En 1923, la Misión de Edwin Walter Kemmerer permitió dar el paso definitivo hacia la modernización de nuestras instituciones con la creación del Banco de la República. Sin embargo, esa arquitectura fue desnaturalizada en 1941 y 1963, cuando se desplazó el criterio técnico en favor de las prioridades políticas del Ejecutivo, convirtiendo la moneda en una palanca de financiamiento gubernamental.

Esta subordinación encontró un límite en la Constitución de 1991, que consagró la independencia técnica y patrimonial del Banco. Hoy, esas precauciones institucionales se ponen a prueba ante un Gobierno que muestra distancia frente a la ortodoxia económica, a través de la flexibilización de la regla fiscal, del endeudamiento costoso, de la instrumentalización de la emergencia económica y de la fijación de salarios mínimos que desbordan la capacidad de las empresas.

No se trata únicamente de que el ministro de Hacienda se haya levantado de la mesa de la Junta a pesar de lo que le indica su manual de funciones. Lo verdaderamente relevante es que tenía el deber jurídico de permanecer en ella, pues la institucionalidad no contempla una válvula de escape frente a su inasistencia.

En un Estado de Derecho, el funcionario no actúa según sus impulsos, sino con lealtad al sistema que juró preservar. Huir de la técnica para privilegiar el apetito de discrecionalidad debilita la confianza institucional, que termina cediendo ante el asalto de la urgencia política.

En nuestra frontera con Venezuela persiste la sentencia “se puso el café a cuarenta”, memoria de un antiguo naufragio económico vecino. Sin funcionarios leales al imperio de la ley, que no tengan que huir de la técnica, la economía se sumerge en la incertidumbre.

La vigencia de nuestra arquitectura institucional es la única barrera real que impide que los ciudadanos descubran que la inflación es, en realidad, un impuesto de hecho que todos tenemos que pagar cuando las malas decisiones hacen que se ponga “el café a cuarenta”.

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