La política antimonopolio está despertando fuertes emociones y verdaderas pasiones entre los empresarios de algunos sectores agroindustriales que sienten que son objeto de una persecución por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ella está investigando a lo que algunos de sus funcionarios han llamado “el cartel del azúcar” y parece que prepara otra investigación sobre “el cartel de la palma”. Estas investigaciones giran alrededor de la aplicación de las políticas de franjas arancelarias en esos subsectores y sus fondos de estabilización de precios que fueron creados en la ley 101 de 1993 y sus desarrollos posteriores.
Lo que han logrado los dirigentes del sector azucarero con estas instituciones es precisamente crear un consenso entre productores y mecanismos para intervenir en los precios y en las cantidades ofrecidas al mercado interno. Pero esto ha estado amparado por el marco legal que dio lugar a estas prácticas. Ellos piensan con orgullo que son un “clúster” bien organizado para maximizar la producción del azúcar sin que sufran sus utilidades; y en la Superintendencia piensan que se trata de un cartel. La Superintendencia le está ladrando al palo equivocado. Al paso que llevan lo que sigue será el “cartel del café’. Si estos dirigentes y sus organizaciones han estado involucrados en prácticas monopólicas es porque las instituciones legales del sector han sido diseñadas para eso. En otras palabras, si hay un “cartel del azúcar” y otro de la palma es porque existen las franjas de arancelarias de la comunidad andina y los fondos de estabilización de precios, y así se previó.
El objetivo legal de estos instrumentos, particularmente el de los fondos, es precisamente “cartelizar” a las empresas del sector. No hay otra forma de entender su función de “hacer indiferente para los productores entre participar en un mercado de altos precios y otro de bajos precios”, lo que da lugar a restricciones de oferta en el mercado local de altos precios que generan un excedente suficientemente alto para que los productores pueden deshacerse de su producción superavitaria exportando al mercado de bajos precios. Y en ambos mercados puedan alegar sin faltar a la verdad que actúan competitivamente.
El problema que surge de no tener en cuenta la institucionalidad de los sectores que están siendo investigados por la SIP, aparte de colocar en la picota pública a sus dirigentes por supuestos crímenes económicos, es que se ha provocado una reacción apasionada que hace muy difícil discutir reformas a ese marco institucional que son urgentes e indispensables porque se avecina la aprobación del Pacto Transpacífico (“TPP’ por sus siglas in inglés) y Colombia no puede quedarse por fuera de esta alianza (ver “La Relevancia del TPP, El Tiempo, Julio 5/2015). Como no es viable mantener inalterada la estructura actual de protección, es urgente hacer una APP para realizar un estudio serio de cómo desmontar las franjas y reformar los fondos de estabilización o como reemplazarlos sin causar un grave traumatismo de producción, empleo e ingresos en las regiones afectadas.
