El debate sobre la posible constituyente y la supuesta intención de reelegirse del presidente Petro comienza a ser repetitivo y cansón,sin que hasta el momento exista un solo hecho nuevo y concreto que indique que las propuestas que lanzan distintos ex funcionarios o dirigentes afines al gobierno aguanten una discusión seria sobre su viabilidad. Hasta ahora nadie conoce una sola idea sobre la forma en que se conformaría la constituyente, cómo se elegiría, cuál sería el temario que abordaría, etc. A nadie parece interesarle acabar con un debate que no tiene sentido ni futuro y que más parece el arranque temprano de la precampaña presidencial del 2026, que un momento pre constituyente del país, que requeriría ante todo un mínimo consenso nacional. Se utiliza entonces la pelea de la coyuntura para posicionarse en el partidor de las candidaturas. Por una parte despegó la competencia prematura por el título de campeón del antipetrismo de quienes están convencidos que el ganador llegará al solio de Bolívar. Y de otro lado, el amplio grupo de precandidatos presidenciales de la oposición es alimentado con eficacia por las tesis fantasiosas de algunos aspirantes a ser los ungidos de Petro, que juegan a ganar puntos con su jefe. La irresponsabilidad de unos y otros se encuentra en su máximo nivel histórico.
Todos sabemos en el fondo que la Constituyente es inviable y las posibilidades de concretarse son nulas. Sin embargo, mantienen vivo el debate para ocupar los titulares de los medios de comunicación. La última y descabellada propuesta en este sentido, agotadas ya toda clase de teorías, fue la de vincular la lenta implementación del acuerdo de paz con la necesidad de convocar una Constituyente, con base en un párrafo perdido del acuerdo de paz del 2016,que misteriosamente pasó desapercibido para tirios y troyanos desde hace 7 años y que súbitamente cobró vida ahora. Si realmente quieren meter el acelerador al cumplimiento del acuerdo, deberían concentrarse en lo importante como sucedió esta semana con la aprobación de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, que sin duda significa un avance en el punto I de la reforma rural integral. La votación final de la iniciativa es un triunfo del gobierno, al tiempo que demuestra que las mayorías en el Congreso están dispuestas a apoyar cuando se buscan los consensos en medio de las diferencias.
Desafortunadamente algunos prefieren la pelea permanente de la que esperan sacar réditos políticos. Somos los campeones de los debates inútiles que nos hacen perder tiempo valioso que deberíamos dedicar a implementar el acuerdo de paz. Para este propósito no se requiere ninguna reforma constitucional, sino simplemente el liderazgo gubernamental para garantizar que se avance con mayor celeridad en la reforma rural integral, se cumpla con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDETS-contemplados para los 170 municipios priorizados en los que participaron más de 200.000 ciudadanos y se reanude la ejecución del Plan de Sustitución Social de Cultivos Ilícitos-PNIS-, hoy congelado.
Faltan 6 años y medio de vigencia del acuerdo y hay que reconocer que se perdieron los 4 del gobierno Duque que intentó por todos los medios hacer trizas La Paz y, aunque no lo logró, sí hizo un enorme daño a la implementación. Se van a cumplir los primeros dos años del mandato Petro y hasta el momento, a pesar de los anuncios oficiales y el compromiso expresado por el gobierno, son pocos los resultados tangibles. No desperdiciemos más tiempo que aún podemos recuperar los años perdidos y hacer realidad La Paz territorial contemplada en el texto del acuerdo de paz. Ese sí es un compromiso del estado colombiano y no una Constituyente imaginaria. La buena noticia de los últimos días es que el gobierno retomó el discurso de la implementación del acuerdo del 2016 como paso necesario para su política de paz total. Ojalá ese nuevo aire signifique que dedicarán el tiempo restante de su mandato a cumplir con lo pactado.
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