Como si fueran pocos los problemas que afronta el pacífico colombiano por la deficiencia o carencia de los servicios básicos, particularmente el departamento del Chocó donde hay escasez de agua apta para el consumo, una red de alcantarillado precaria, desnutrición en la niñez, desempleo, falta de vías y de presupuesto para salud y educación; ahora las contiendas territoriales entre la guerrilla del Eln y los grupos de delincuencia organizada, tiene sitiadas a varias poblaciones del noroccidente del país, en especial las comunidades indígenas. 

Se anunció un cese del conflicto armado en varias zonas del país con la desmovilización de las Farc, pero esa tregua no se sintió en el Chocó, porque el negocio del narcotráfico no ha renunciado a las rutas de exportación de drogas alucinógenas por el pacífico. Con toda la producción de cocaína que hay en Colombia, el pacífico es la vía que facilita a esas organizaciones la salida de su producto de muerte hacia Centro y Norte América. 

La presencia permanente de militantes del Eln y el Clan del Golfo somete a los habitantes de los municipios utilizados como puertos o corredores de estupefacientes, los más afectados, los indígenas que no pueden salir de su territorio con las consecuencias de ese confinamiento, como la escases de alimentos y productos que necesitan para la subsistencia. 

Un informe reciente de la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas señala que más de 700 familias indígenas chocoanas están sometidas por los grupos ilegales, generando alto riesgo de desplazamiento para unos cuatro mil integrantes de esas etnias, situación que se sumaría a las 20.000 personas que tuvieron que dejar sus sitios de origen durante lo corrido del presente año. 

Las condiciones de vida de las comunidades étnicas del Chocó son cada vez más difíciles, al drama de estar secuestrados en su propio territorio se suman las constantes amenazas de que son objeto, con el riesgo de ser asesinados si no se someten a la voluntad de las organizaciones ilegales y el reclutamiento de menores de edad. 

El Estado debe recuperar el territorio perdido, hacer frente a toda manifestación de violencia que atente contra la seguridad y los derechos de los ciudadanos. El proceso de paz con las Farc no ha dado los resultados prometidos y la principal causa es el negocio del narcotráfico que incrementó sus alcances. Las regiones que contienen grandes extensiones de cultivos ilícitos y aquellas que facilitan la salida de la droga, antes de ser abandonada por los traficantes, son el centro de la confrontación armada. 

No se puede permitir el doble lenguaje de grupos al margen de la ley como el Eln, que habla de paz al tiempo que incrementa su accionar de guerra para hacerse al control de las drogas violando los derechos de quienes están en medio de la confrontación. 

@WilsonRuizO