La necesidad de extirpar la corrupción en sus orígenes es otro de los temas en los que hay consenso entre los aspirantes a la presidencia que han asistido a foros como el de la W el miércoles pasado o el congreso de la ANDI.

Es lo que le daría alcance de largo plazo a los juicios e investigaciones en curso que ahora se desarrollan en un ambiente en el que no siempre es claro que las decisiones a veces extremas de las entidades de control sean para beneficio de la justicia y no el de la galería.

A pesar de ello, y posiblemente también por los excesos de celo, estas acciones son un factor disuasivo importante.

Lo que ha sucedido con Odebrecht también lo ha sido porque los funcionarios encargados de sobornar en esa empresa, una vez descubiertos, se han dedicado a delatar a los receptores o a inventar posibles cómplices.

Los viceministros a los que les ofrezcan sobornos van a tenerlo que pensar dos veces. Esto eleva el costo de la corrupción y contribuye a aminorarla.

Si se quiere tener éxito en erradicar o por lo menos en reducir drásticamente la corrupción es necesario desmontar el sistema político clientelista vigente lo que implica cambiar las costumbres de los políticos tradicionales o cambiarlos a ellos, y educar al público.

Llama la atención, en relación con esto último, que personas relativamente bien informadas piensen que lo que hacía el senador Elías es lo mismo que hacen los cabilderos profesionales en Estados Unidos, y que lo que debemos hacer en Colombia es legalizarlo.

Hay que explicarles que los legisladores legalmente no pueden hacer cabildeo ni aquí ni allá y que legalizar estas prácticas es exactamente lo contrario de lo indicado.

Los legisladores tienen derecho de proponerle al ejecutivo la ejecución de obras que benefician a sus electores, pero no de seleccionar a los contratistas ejecutores.

Tampoco deben tener cuotas burocráticas en las organizaciones del Estado.

Ya algunos candidatos han anunciado que están dispuestos a gobernar sin admitir estas prácticas.

Hace falta que los electores se den cuenta de la importancia de apoyar estas posiciones y posteriormente de vigilar que se cumplan estos ofrecimientos.

Parte del proceso educativo que es necesario acometer abarca un cambio radical de las actitudes del público.

La corrupción suscita hoy indignación, pero no sorprende. Los ciudadanos asumen que los políticos hacen eso. Esto da lugar a que el público se convierta en cómplice de sus abusos.

Valdría la pena entender los procesos sociales que han hecho desaparecer a los fumadores de la mayoría de los sitios públicos en Colombia y a los conductores borrachos de las calles para aplicar esas lecciones a crear un consenso de que la corrupción es un robo a todos nosotros. Le impone cargas excesivas al resto de la sociedad. La evasión tributaria puede ser hasta del 25 o 30 por ciento, por ejemplo. El gasto en contratos improductivos y el robo de recursos del Estado impone costos fiscales excesivos. Es un enorme desperdicio de recursos humanos, de capital y de oportunidades. El quid pro quo de una reducción de las tarifas de impuestos tiene que ser una reducción efectiva de la corrupción y un sistema judicial que garantice justicia. (Colprensa)