¿En materia de la seguridad que se refiere a estabilidad estratégica de una democracia, está Colombia mejor que hace diez años? Sí. Mayor seguridad estratégica derivada de los acuerdos de paz permite más prosperidad? También sí. Es mejor para los colombianos actuales y futuros tener un acuerdo con las FARC, que las haya desmovilizado y desarmado definitivamente, que no haberlo tenido? Por favor, ¡claro que sí!

Llegamos al primer lustro de los acuerdos de paz, esos que deberían hacernos sentir orgullosos de la capacidad para resolver un conflicto cincuentenario y mortífero por la vía política disminuyendo la guerra; para llevar más tranquilidad a campesinos, empresarios rurales y urbanos, familias de soldados y policías y, en general, a una ciudadanía fatigada por el secuestro, la sangre y la muerte.

Los acuerdos no son perfectos; quedan defectos de ocupación institucional del territorio, pero se resolvió el setenta y cinco por ciento del problema. Un veinte de lo que queda lo constituyen el ELN, objeto de una solución militar y política, y el crimen organizado que deberá serlo de una dosis de mano dura en ciudades y campos, con una justicia capaz de resolver rápidamente condenas, extradiciones, sometimientos individuales y de acoger entregas colectivas de sus miembros. La mejoría del cinco por ciento final está en la lucha contra la delincuencia y en acabar la excesiva permisividad con quien pretende defender su derecho individual, permitiéndole así vulnerar los derechos de todos.

Se han resuelto en una generación tres cuartas partes de un problema que disolvería nuestro estado social de derecho.

Y ahora hay más consenso sobre la Paz. En buena hora se ha recuperado la sensatez. Aparece una nueva cara de los servidores públicos frente a los acuerdos, la de la implementación. Queda como lección para futuro que es indispensable mantener los rumbos trazados por los antecesores en asuntos estratégicos para los intereses de la nación. Ejemplo clarísimo fue el operativo que terminó con la captura de “Otoniel”, pues fueron necesarios dos períodos presidenciales para acabar con su amenaza y avanzar en la desarticulación de su peligrosa estructura. Si en 2018 se hubiera partido de cero el éxito aún estaría lejano.

En su quinto aniversario, la Paz ha tenido tres eventos que la blindan poniendo a Colombia en el centro de la comunidad internacional, así sea brevemente:

La visita de Tony Blinken, quien a nombre de Biden y los EEUU reiteró su apoyo a la Paz.

La decisión de la Corte Penal Internacional de cerrar las indagaciones preliminares contra el país. Buena noticia para nuestra cara internacional y un acicate para tribunales y fiscalías, a quienes ahora se les analizará su comportamiento por los resultados que en estas materias puedan mostrar y por la intangibilidad que desde los extremos les respeten.

La visita de Antonio Guterres a nombre de la ONU y de su Consejo de Seguridad, que terminó con un llamado global a invertir en la paz como lo hace el país y a Etiopía para que cese su guerra basándose en la “exitosa experiencia colombiana”. Dijo que no encontró a nadie que quisiera hacer trizas los acuerdos y pidió mayores esfuerzos para garantizar la seguridad de desmovilizados y líderes sociales.

De otro lado la ceremonia de aniversario que organizó la JEP, con diciente saludo entre el Nobel de Paz Santos y el Presidente Duque, mostró buenos resultados y equilibrio entre victimarios, víctimas y miembros de las FFAA que se han acogido a su manto de esclarecimiento. Estos últimos ya son tres mil quinientos entre soldados, policías y otros agentes del estado, quienes no hubiesen tenido otra solución para sus casos que la impunidad absoluta o la condena excesiva de no existir la JEP.

Ese solo hecho justificaría la firma de los acuerdos y el haber insistido en ellos modificándolos después del referendo. Pero sobre todo justifica que por fin haya entusiasmo en su implementación.