En medio de las discusiones sobre la reforma a la salud, el gobierno de Petro busca incidir en el debate basándose en un informe de la Superintendencia Nacional de Salud. Según la narrativa oficial, las reservas técnicas de las EPS son insuficientes, presentándolo como uncaso de corrupción.
Lo primero que se debe señalar es que este argumento no tiene sentido alguno. Las reservas son los recursos que las EPS, en su calidad de asegurador, apartan para soportar y atender las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, ante la notificación de un infarto al corazón, la EPS debería reservar $32 millones, que es el costo estimado para brindar atención al suceso, depositándolos en una cuenta específica. No haber previsto o ahorrado los recursos suficientes no equivale, de ninguna forma, a apropiarse indebidamente de recursos públicos, como sugiere de manera irresponsable el gobierno.
Es esencial comprender que la falta de reservas no implica necesariamente malversación de fondos. Si las aseguradoras se encuentran en una posición precaria en cuanto a sus reservas, la causa subyacente debe ser analizada a profundidad. En este punto de la discusión, es evidente que los recursos asignados al sistema de salud son insuficientes y resulta natural que las EPS utilicen estos ahorros para hacer frente a las deudas con prestadores y proveedores de medicamentos.
Hace una década, el esquema de reservas ni siquiera existía y a lo largo de los años se ha construido progresivamente, a pesar de los desafíos económicos recurrentes. La carencia de recursos no puede ser utilizada como pretexto para desacreditar el esfuerzo continuo de construir y mantener reservas técnicas, ni mucho menos para señalar de ladrones a los aseguradores que las han utilizado para garantizar la continuidad en las atenciones de salud de la población.
Resulta especialmente preocupante que las cifras presentadas por el gobierno provengan de un organismo de control como la Superintendencia Nacional de Salud, que utiliza un informe técnico destinado a administrar el Sistema de Salud como un documento político para desprestigiar a quienes considera sus contrapartes. En el informe se mencionan dos cálculos de faltante de reservas y dos tablas que señalan a las EPS por incumplimiento. Esta situación plantea interrogantes sobre la integridad del proceso ya que este organismo ha dejado de ser técnico para convertirse en un activista más de la reforma. Las cifras parecen estar mal calculadas, sugiriendo una posible manipulación con la aparente intención de proporcionar munición a favor de la tarea de desprestigiar a las EPS. ¿Cómo podemos confiar en las cifras proporcionadas cuando hay indicios de manipulación y falta de claridad?
En lugar de centrarse únicamente en la falta de reservas, es hora de abordar las causas subyacentes de la insuficiente financiación del sistema de salud. ¿Por qué no se destinan los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad a largo plazo? ¿Cuáles son las barreras que impiden una inversión adecuada en la salud de la población? Ninguno de estos temas se aborda en la desafortunada reforma que se discute en el congreso. No se plantea ninguna solución, y cuando se le pregunta al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, papá putativo de la reforma Corcho, solo atina a amenazar con nuevos impuestos, como si tuviera la intención de que lo nombren en la cartera de hacienda.
No obstante, tampoco se debe evadir el hecho de que no todas las EPS han actuado de manera transparente. Mientras algunas son eficientes, otras no lo son, y para estas últimas se debe aplicar todo el peso de la ley.
Ojo, con la salud no se juega.
Adenda: Liberen a todos los secuestrados ya
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