Desde hace varios meses, numerosos expertos en seguridad han alertado sobre la preocupante situación de seguridad pública en el país. Día tras día, vemos cómo los terroristas continúan expandiendo su presencia en los territorios, incluso en aquellos que habían sido previamente recuperados, como el sur del Tolima.

La mal llamada ‘paz total’ del presidente Petro se ha convertido en una celebración para los bandidos y en una camisa de fuerza para nuestros militares y policías, quienes encuentran cada vez más difícil proteger a los colombianos, especialmente a los niños. La revelación de uno de los acuerdos que hizo el gobierno con el ELN en el marco del cese al fuego solo agrava esta situación. En esta negociación, los terroristas se comprometieron únicamente a no reclutar niños menores de 15 años, lo cual viola flagrantemente las normativas nacionales e internacionales. Esta acción pone en grave riesgo y vulnerabilidad a los menores de 18 años.

Es verdaderamente desgarrador observar la falta de compromiso de este gobierno con la protección de los niños. ¿Cómo justificar ante un adolescente que el gobierno no aseguró que este grupo terrorista se comprometiera a no reclutarlos, para proteger sus vidas y evitar que les roben su infancia? ¿Acaso nuestra Constitución no establece que todos los derechos de los niños y adolescentes son prioritarios?

Pero aún más indignantes fueron las declaraciones del negociador de paz Iván Cepeda, quien, al aceptar la veracidad de la información, afirmó que al menos habían logrado que se comprometieran a no reclutar a menores de 15 años. ¿De verdad esperan una ovación? Esto era lo único que nos faltaba. ¡Qué cinismo!

La protección de la niñez debería ser un principio innegociable. ¿Cómo es posible que se permita un cese al fuego sin un compromiso absoluto de proteger a todos los menores de edad? A lo largo de este gobierno, ha quedado claro que los niños les importan poco o nada, pero esto ya sobrepasa los límites.

El reclutamiento de menores de 15 años constituye un crimen de guerra y una grave violación de los derechos humanos, siendo este el talón de Aquiles de los terroristas en las negociaciones de paz, que a menudo se relega a un segundo plano o se invisibiliza. Esto implica que tanto el grupo criminal como sus líderes puedan ser llevados ante la Corte Penal Internacional, incluso si han firmado un proceso de paz.

Lamentablemente, en este país persistimos en ignorar nuestra historia, incluso la más reciente. Como exdirectora del ICBF, fui testigo de la lamentable farsa que representó la liberación de los reclutados por parte de las FARC. Se calcula que al menos 18,677 niños fueron reclutados por este grupo y solo liberaron a 132, algunos de ellos ya mayores de edad. Todo este espectáculo grotesco contó incluso con la anuencia de UNICEF.

En su momento, denuncié públicamente que las FARC habían abandonado a su suerte a los niños, especialmente a los menores de 15 años, por la razón que acabo de exponer. ¿Pueden imaginarse a esos pobres niños arrancados de sus hogares y llevados a la selva, muchos sin familia ni lugar a donde ir?

Lamentablemente, esta misma trágica historia se repetirá en este proceso. Los niños serán nuevamente invisibilizados por las mesas de negociación, lo que en cierto modo limpiará estos crímenes atroces al darles la oportunidad de esconderlos y sacarlos por debajo de la mesa. Este gobierno, que parece estar más del lado de los bandidos que de los ciudadanos de bien, nunca condicionará estas conversaciones a la liberación de todos los niños reclutados, dejando al descubierto una vez más que el artículo que establece la prevalencia de los derechos de los niños en la Constitución es letra muerta.

Adenda: El presidente cree que al dar discursos incendiarios podrá crear una cortina de humo para ocultar los 180 mil millones de pesos que entregó el oscuro Euclides Torres, financiador de su campaña, y el haber entregado la UNGRD a una pandilla de bandidos.

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