Hace poco participé en un espacio de diálogo en la Universidad de Pamplona, liderado por el programa de Economía y arquitectura, y por el semillero Estudios en Economía, Territorio y Desarrollo Sostenible, en cabeza del profesor Alexander Sánchez (a quien agradezco la invitación). Una de las tesis centrales fue que lo metropolitano debe ser construido (y más aún en espacios fronterizos), lo que le da un carácter eminentemente político.
En ese sentido, siguiendo al profesor Arellanos, podemos desglosar tres tipos de problemas. Primero, como problema técnico: los desafíos urbanos, rurales y transfronterizos no coinciden con las divisiones político-administrativas. Segundo, como problema político: las necesidades del territorio no están adecuadamente representadas en la arquitectura institucional, lo que genera fragmentación de decisiones autónomas. Y tercero, como problema económico-financiero: las demandas suelen ser mayores que los recursos disponibles, planteando retos de redistribución, disparidades en servicios públicos, dependencia del gobierno central, limitaciones en fuentes de financiación y dificultades de coordinación fiscal.
En áreas metropolitanas ubicadas en zonas de frontera —donde la proximidad imprime dinámicas e interdependencias complejas— estos problemas se expresan, por un lado, en una descoordinación institucional (fragmentación política) que se traduce en duplicidades y conflictos de competencias. Por otro, en una infraestructura insuficiente que conecte el territorio y mejore sus condiciones materiales. A esto se suma un crecimiento urbano desordenado, reforzado por presiones demográficas asociadas a la movilidad humana (desplazamiento forzado y migración venezolana).
También enfrentamos desafíos ambientales propios de ecosistemas compartidos, como el recurso hídrico o las externalidades generadas por prácticas insostenibles (por ejemplo, la quema de basuras). Persisten asimetrías estructurales en desigualdad y pobreza, además de la necesidad de acoplar y potenciar complementariedades del tejido económico local. Se evidencia igualmente la falta de articulación entre planificación y política territorial: se formulan políticas sectoriales sin una mirada integral e intersectorial. A ello se agregan gobiernos locales debilitados por disputas que erosionan acuerdos formales e informales; y, finalmente, una baja participación ciudadana, marcada por escasa apropiación metropolitana y por la ausencia de una perspectiva transfronteriza en la opinión pública.
Sin embargo, estos desafíos se convierten en oportunidades según la literatura sobre regiones fronterizas. Dichas oportunidades pueden agruparse en cuatro frentes: (a) innovación institucional, por ejemplo, mediante la creación de ciudades internacionales; (b) complementariedades económicas con mercados laborales binacionales o transfronterizos, corredores logísticos y redes industriales integradas; (c) aprovechamiento de programas supranacionales; y (d) construcción de sistemas urbanos policéntricos que promuevan regiones competitivas, diversificadas e integradas a mercados globales.
Lo anterior exige modelos de gobernanza y cooperación multinivel, armonización normativa, planificación conjunta y, de manera indiscutible, mayor y mejor participación ciudadana. Todo esto depende de una clara voluntad política que, en una zona de frontera como la nuestra, suele ser frágil y vulnerable no solo a conflictos binacionales, sino también a tensiones geopolíticas.
Si lo metropolitano se construye, la frontera también. El marco jurídico colombiano ofrece una ruta para pasar de la fragmentación a la acción conjunta. El artículo 289 de la Constitución habilita a departamentos y municipios fronterizos a cooperar con sus pares del país vecino en desarrollo comunitario, servicios públicos y protección ambiental. La Ley 191 de 1995 trazó ese camino al reconocer la singularidad fronteriza, y la Ley 2135 de 2021 lo actualiza con instrumentos operativos.
En particular, los Esquemas Asociativos Territoriales Fronterizos (EAT-F) permiten identificar hechos interjurisdiccionales, planear en común y ejecutar proyectos binacionales. El Decreto 657 de 2023 reglamenta la declaratoria de zonas y unidades especiales, dando seguridad jurídica a esas apuestas. Y la Ley 1625 de 2013 recuerda que las áreas metropolitanas en frontera deben formular su desarrollo con enfoque transfronterizo. Ser área metropolitana de frontera es un reto enorme y una ventaja estratégica. La tarea no es inventar desde cero, sino activar esta normatividad como ventana de oportunidades para construir gobernanza y proyectos comunes que mejoren la vida cotidiana, aunque sin ser ingenuos las tensiones políticas y geopolíticas terminan convirtiéndose en un óbice.
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