Hoy, cuando han bajado las espumas del fragor electoral, se puede hacer un examen sosegado de lo ocurrido en los pasados comicios empezando por el desempeño del gobierno nacional, dado que a un Presidente se lo califica, principalmente, por las garantías que tengan los votantes y candidatos en los procesos electorales.
A pesar de las amenazas contra el orden público y las denuncias por fraudes a lo largo del territorio nacional, el 27 de octubre transcurrió con normalidad.
Los planes de las fuerzas militares y de policía lograron mantener un generalizado clima de tranquilidad, y la coordinación entre las autoridades del gobierno, las entidades de control y la organización electoral hizo que ellas actuaran con eficacia para evitar innumerables conatos de atentar contra la pureza del sufragio.
El Consejo Nacional Electoral anuló más de un millón de inscripciones ilegales de cédulas; la Procuraduría Nacional inhabilitó a más de mil candidatos indebidamente inscritos, y el Ministerio del Interior tramitó centenares de quejas por conductas presuntamente delictivas.
Son muy pocos los reclamos por irregularidades en el cómputo de votos, hechos que siempre se presentan por la inconformidad de los candidatos derrotados.
No se puede afirmar que el Gobierno Nacional haya utilizado alguna herramienta para influir en las elecciones como habitualmente ocurría.
Por el contrario, hay quienes aseguran que el Presidente fue derrotado porque su partido obtuvo unos exiguos resultados, y algunos llegan a interpretar, malintencionadamente, que estas votaciones eran un plebiscito sobre su gestión.
Si algo se puede deducir de las pasadas elecciones regionales es que, en varios casos notables, resultaron vencedores candidatos independientes que presentaron sus propuestas sin el refuerzo de campañas millonarias que se agazapan bajo las banderas de partidos tradicionales.
No se puede soslayar que la pelea por apoderarse de gobernaciones y alcaldías resulta de convertir los presupuestos oficiales en botines para enriquecer a los elegidos, y perpetuarse a través de testaferros. Una y otra vez, los nombres se repiten en los puestos regionales de elección en una especie de perversos carruseles.
Los alcaldes elegidos en Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena y Medellín, principalmente, señalan un nuevo comportamiento ciudadano despojado del constreñimiento al elector con dádivas individuales o descarada compra de votos.
Como señala la revista Semana en su artículo Revolcón Político de la edición 1957, “Lo cierto es que hay un nuevo aire político. Eso se respira. Los nuevos gobernantes locales y regionales deberán entenderlo rápidamente y tramitar con eficacia las nuevas preocupaciones. La expectativa es muy alta”. ¿En todo lo ocurrido no tendrá algo qué ver el Presidente Duque?
NOTA: Numerosos sindicatos y representantes de movimientos sociales anuncian un paro nacional para el 21 de noviembre. Los motivos son varios y cambiantes para justificarlo. Esta vez se habla de las reformas pensional y laboral que ni siquiera son proyectos de ley; de una posible reforma tributaria; de las fumigaciones con glifosato, y de la muerte de líderes, como si éstas no se debieran al narcotráfico y a las disidencias de las FARC. Ojalá no se atice la hoguera desde la prensa.
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