El desabastecimiento de medicamentos en Colombia es una problemática que se ha tratado de enfrentar desde distintos frentes. Uno de esos ha sido el terreno judicial, en la que entró el año pasado la Procuraduría General de la Nación. En ese entonces, el ente de control demandó ante el Tribunal de Cundinamarca que las autoridades de salud del país —entre los que estaba el Invima y el Ministerio de Salud— pusieran la lupa en la escasez. Sin embargo, una reciente decisión del Consejo de Estado tumbó la medida cautelar que ordenó el tribunal en ese sentido.

Todo empezó el 31 de octubre cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó medidas cautelares urgentes por la escasez y el desabastecimiento de medicamentos con la cual el Invima y el Minsalud debían presentar e implementar un plan de respuesta que contenga las acciones orientadas a resolver la crisis de escasez de medicamentos.

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Esa decisión se tomó luego de que la Procuraduría, en su demanda, solicitara reformular la política de control de precios de medicamentos, mediante la implementación de una auditoría de compra de fármacos por parte de las entidades promotoras de salud (EPS), la creación de un grupo de trabajo con el sector farmacéutico del país y la creación de un sistema para el control de precios para los productos esenciales.

Así mismo, el tribunal le ordenó a las entidades priorizar el diligenciamiento y resolución de 27.904 gestiones sin resolver y a garantizar la suficiencia de las materias primas necesarias para la producción de medicinas en el país.

¿Por qué el Consejo de Estado tumbó esa medida?

Este galimatías judicial lo resolvió esta semana el Consejo de Estado, quien dejó sin efectos esas medidas cautelares, porque consideró que había notables diferencias entre la demanda que puso la Procuraduría y lo que ordenó el Tribunal de Cundinamarca en ese sentido.

Lo anterior se explica en que el ente de control lo que buscaba era regular los precios de medicamentos e insumos para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a estos, pero el tema de fondo en las medidas cautelares del tribunal en 2023 tenía que ver únicamente con resolver el desabastecimiento de medicamentos en Colombia: una problemática que afecta al país desde hace varios años.

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Así las cosas, el Consejo expresó que esa decisión no se ajustó a lo que buscaba la demanda inicial —que buscaba la regulación de los precios— y por lo cual no queda más remedio que revocarla. Argumentó que esa decisión no cumplió los requisitos legales, pues no había relación directa y necesaria entre las pretensiones de la demanda de la Procuraduría y lo que decidió y ordenó el tribunal administrativo.

Así mismo, el alto tribunal contradijo los argumentos para ordenar la medida cautelar, que sostenía que regular precios de medicamentos y su disponibilidad estaban relacionadas que no era necesario saber si el precio de los fármacos generaba algún efecto sobre su disponibilidad en el mercado por los canales institucional y comerciales.

Si bien ahora la pregunta es saber si el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) continuará con ese plan —pues ya no tendría obligación legal de cumplirlo—, lo cierto es que el desabastecimiento de fármacos es una realidad que está afectando a los ciudadanos, entre los cuales están los pacientes de alto costo y con enfermedades raras o huérfanas.

Este diario ha contado en varias páginas las causas de la escasez de estos productos, cómo está afectando a la población vulnerable y también cómo ha estado presente en el régimen de salud de los maestros.

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