El Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que rinda su versión como testigo dentro de la demanda que pide ordenar al presidente, Gustavo Petro, abstenerse de emitir declaraciones sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral.

El alto tribunal evalúa además una medida cautelar respaldada por la Procuraduría para frenar ese tipo de afirmaciones, mientras avanzan las etapas del calendario electoral de 2026.

La citación fue ordenada por el magistrado Luis Manuel Lasso, quien aceptó una solicitud de la defensa del presidente Petro, representada por el abogado Alejandro Carranza, que pidió escuchar al jefe de la cartera política, para que explique las dudas que ha manifestado el mandatario sobre el sistema electoral, en particular sobre el código fuente y el software utilizado en los procesos de votación y escrutinio.

El despacho fijó la diligencia para el próximo 20 de marzo, fecha en la que también intervendrá Pedro Vacca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya participación, según el tribunal, permitirá analizar los estándares internacionales sobre los alcances de la libertad de expresión cuando se trata de altos funcionarios del Estado.

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Frenar las acusaciones de fraude 

La acción popular fue presentada por el abogado Ramiro Bejarano, quien solicitó que el Jefe de Estado aclare o rectifique sus mensajes públicos sobre supuestas irregularidades en el sistema electoral o que se abstenga de seguir difundiendo ese tipo de afirmaciones.

El proceso fue admitido en octubre del año pasado y tomó fuerza en medio de las advertencias del Gobierno sobre posibles fallas en aspectos como el software de escrutinio, el manejo de los kits electorales o el diligenciamiento de formularios y tarjetones, señalamientos que, según el demandante, no han sido respaldados por pruebas.

Durante una audiencia pública realizada este viernes, Bejarano sostuvo que las afirmaciones del mandatario tienen un impacto directo en la confianza pública, debido al alcance de sus redes sociales.

“El presidente aplasta a cualquier persona que le lleve la contraria en Twitter (…) Está prendiendo una mecha que puede explotar en cualquier momento. Cualquier ciudadano es inerme frente al poder del Presidente”, afirmó.

El jurista insistió en que ese tipo de mensajes puede afectar derechos colectivos como la seguridad jurídica, la moralidad administrativa y la transparencia del proceso electoral, por lo que pidió al tribunal ordenar la cesación de esas declaraciones mientras no existan pruebas verificadas.

La posición de la Procuraduría 

En la audiencia también intervino el viceprocurador general, Julián Fernández, quien respaldó la solicitud de una medida cautelar para evitar que se siga difundiendo la idea de un fraude electoral sin sustento.

El funcionario explicó que el Ministerio Público ha acompañado los procesos electorales y que hasta ahora no existen evidencias que respalden esas acusaciones.

Fernández señaló además que el Presidente “ha confundido el título de representante de la unidad nacional con el de un actor político”, al insistir en narrativas que, según la Procuraduría, pueden afectar la confianza en las instituciones encargadas de organizar las elecciones.

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En un concepto previo, el organismo sostuvo que la medida solicitada es “necesaria, idónea y proporcional para garantizar los derechos colectivos”, especialmente ante la cercanía de las diferentes etapas del calendario electoral de 2026.

A la audiencia también asistieron delegados de la Registraduría Nacional, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Misión de Observación Electoral (MOE), quienes expusieron ante el tribunal los mecanismos de control y verificación implementados para garantizar la transparencia del proceso.

Según los voceros de estas entidades, todas las autoridades competentes fueron convocadas previamente para revisar los procedimientos técnicos y operativos de los comicios, y hasta ahora no se han encontrado evidencias de irregularidades que comprometan el sistema electoral.

El tribunal deberá definir, después de escuchar a todos los intervinientes, si impone la medida cautelar solicitada, una decisión que podría establecer límites temporales a las declaraciones del Presidente sobre el proceso electoral, mientras continúan las distintas etapas que conducen a las elecciones de 2026.

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